Si existe algún lugar en el planeta donde la retórica de los derechos humanos haya alcanzado su máxima expresión de cinismo e inutilidad, ese lugar es Honduras. No es que el sistema haya fallado parcialmente, ni que presente deficiencias corregibles, ni que requiera más recursos o mayor voluntad política. Es que ha fracasado estrepitosamente, de manera sistemática, durante décadas, con un costo humano que solo puede describirse como masacre institucionalizada. Más de sesenta defensores de derechos humanos asesinados entre dos mil veinte y dos mil veinticinco. Noventa y siete por ciento de impunidad en crímenes contra quienes defienden derechos. Noventa y cinco por ciento de femicidios sin resolver. Y sobre estas cifras, como una burla final, se alza todo el aparato formal de la protección internacional: planes nacionales, fiscalías especiales, mecanismos de protección, comisionados, secretarías, oficinas, informes, recomendaciones, y un flujo constante de dólares que alimenta una industria del fracaso que nadie se atreve a cerrar.

La impunidad no es un defecto técnico del sistema hondureño. Es su esencia. Es el mecanismo mediante el cual el poder real, ese que opera en las sombras del narcotráfico, la corrupción política y la extracción violenta de recursos, mantiene el control territorial y social. Y frente a este mecanismo, los derechos humanos han demostrado ser no solo inútiles sino activamente perversos: proporcionan una cobertura legitimadora que permite al Estado continuar asesinando impunemente mientras finge someterse a estándares internacionales. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos, con sus dieciocho fiscales para todo el país en dos mil diecisiete, no es una institución deficiente.

Es una institución diseñada para la inoperancia, para la apariencia de acción sin la acción misma. El Comisionado Nacional de Derechos Humanos, al que el Congreso intentó destituir cuando se atrevió a funcionar, no es una víctima de la política. Es evidencia de que cualquier intento genuino de protección será neutralizado por el sistema que se supone debe controlar. La Secretaría de Derechos Humanos, descrita por observadores internacionales como existente únicamente para la fotografía, no es una exageración crítica. Es una descripción literal de una oficina que gasta recursos, emite comunicados, organiza eventos, y entrega exactamente cero protecciones efectivas a quienes la necesitan.

El Mecanismo Nacional de Protección para Defensores de Derechos Humanos es quizás el ejemplo más claro de este teatro. Financiado con cooperación internacional, equipado con personal técnico, dotado de protocolos y procedimientos, y aun así profundamente ineficaz. Se reúne menos de lo previsto. Sus analistas desconocen los territorios de riesgo donde operan los defensores. Carece de intérpretes para comunidades indígenas. Y, pese a todo, muchos de sus beneficiarios continúan enfrentando amenazas graves, lo que sugiere que la protección ofrecida resulta insuficiente en la práctica.

Cuando una persona bajo medidas cautelares de la Comisión Interamericana es asesinada, no estamos simplemente ante un error operativo, sino ante una señal preocupante de que el aparato estatal no logra cumplir su función protectora. Más que un sistema sólido, parece un esquema que proyecta protección sin garantizarla plenamente. Es una estructura sostenida con fondos internacionales, gestionada por funcionarios locales, y cuya principal deuda es con quienes depositaron su confianza en ella.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos mantiene a Honduras bajo observación especial desde dos mil nueve. Dieciséis años. Dieciséis años de informes, visitas in loco, audiencias, recomendaciones, resoluciones. Dieciséis años de documentación meticulosa que describe las mismas violaciones, los mismos patrones de impunidad, los mismos asesinatos sistemáticos. Y en cada informe, con una paciencia que ya raya en la complicidad institucional, se registra que el Estado no cumplió, que la impunidad persiste, que se requiere voluntad política. Y se vuelve a empezar. No porque haya esperanza de cambio, sino porque el sistema está diseñado para perpetuarse a sí mismo. Los informes justifican la existencia de la Comisión. Las recomendaciones justifican la próxima ronda de financiamiento. La observación especial justifica los salarios de los técnicos, los viajes de los delegados, las conferencias de los expertos. Es una industria del fracaso donde el producto es la documentación del desastre, no la solución del desastre. Y mientras esta industria opera, los defensores siguen muriendo.

El año dos mil veintitrés fue particularmente ilustrativo. La administración pública ejecutó apenas el treinta y uno por ciento del presupuesto aprobado para derechos humanos. Treinta y uno por ciento. El resto se evaporó en algún lugar entre las transferencias bancarias y la burocracia que nunca llega al territorio. Las organizaciones de la sociedad civil, con una honestidad que ya parece ingenuidad, señalaron que esta desconexión ocurrió pese a la inversión de la cooperación internacional. Pese a la inversión. Como si millones de dólares en capacitaciones, equipamiento, asistencia técnica y misiones de observación fueran garantía de algo más que buenas intenciones archivadas. La cooperación internacional invirtió. El Estado hondureño recibió y la impunidad siguió operando al noventa y siete por ciento. Todos cumplieron su papel. Todos cobraron. Solo los muertos no cobraron nada.

Y aquí reside el cinismo más profundo. Honduras tiene todas las instituciones que el sistema internacional exige. Cumple formalmente con todos los requisitos. Participa en todos los foros. Firma todos los convenios. Presenta todos los informes. Y en el territorio real, donde la violencia opera con la certeza de quien sabe que no habrá consecuencias, nada cambia. Es como tener un hospital con fachada imponente, personal en batas blancas, y ningún medicamento ni cirujano dentro. Pero la fachada sirve. La fachada permite mantener las relaciones diplomáticas, acceder a fondos, participar en foros donde se habla de avances y buenas prácticas. La fachada es el producto. Los derechos humanos son el marketing. Y el marketing funciona perfectamente mientras nadie revise el interior del edificio.

Pero el verdadero rostro de este fracaso se reveló con cruel precisión en febrero de dos mil veintiséis, cuando el nuevo gobierno de Honduras eligió su primera batalla diplomática: defender los derechos humanos de los pandilleros frente a El Salvador. Mientras el ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, salía en televisión nacional a explicar por qué el modelo Bukele no era replicable porque violaba derechos humanos, en las calles de su propio país los pandilleros y las mafias seguían con su labor sistemática de exterminio infantil. No era ninguna metáfora. Era matemática pura: cincuenta menores asesinados en cincuenta días de dos mil veintiséis. Treinta y tres en enero, veinte en lo que iba de febrero. Un promedio de un niño muerto por día, mientras el ministro explicaba que Honduras respetaba los derechos humanos de los criminales con más celo que su vecino.

El presidente Bukele, con esa mezcla de cinismo y precisión que lo caracteriza, no tardó en responder. Compartió el video del ministro hondureño y escribió lo que cualquier ciudadano de a pie ya sabía: "Escuchar al nuevo ministro de Seguridad defender los 'derechos humanos' de los criminales, es triste, de verdad. Miles de hondureños morirán por culpa de estas personas". Fue el 15 de febrero de dos mil veintiséis. Para entonces, en Honduras ya llevaban veinte menores asesinados en lo que iba de mes. La profecía de Bukele no era ninguna advertencia vacua, era la constatación. El ministro Velásquez, en su entrevista del 12 de febrero, había explicado con orgullo seudo-académico que El Salvador tenía "control político completo de la institucionalidad que permite hacer reformas inclusive que van en contra de los derechos humanos". Honduras, en cambio, tenía estándares más altos. Honduras no capturaba a nadie sin orden judicial. Honduras no hacía redadas masivas. Honduras respetaba los procedimientos. Y mientras tanto, el 25 de febrero, la policía capturaba a un líder pandillero dedicado específicamente a matar niños. No a extorsionar. No a traficar. A matar niños. Esa era la especialización criminal que el sistema de derechos humanos hondureño protegía con tanto celo.

El contraste entre el discurso diplomático y la realidad de sangre no podía ser más obsceno. En El Salvador, Bukele había reducido la tasa de homicidios a 1.3 por cada cien mil habitantes, la más baja de su historia. En Honduras, la tasa seguía en veintitrés homicidios por cada cien mil, y eso contando solo los casos registrados, no los que nunca llegan a denunciarse porque el denunciante termina en una fosa. Pero lo peor no era la cifra. Era la naturaleza de la violencia. Mientras el ministro Velásquez hablaba de las diferencias territoriales y la necesidad de respetar procedimientos, en barrios como Rivera Hernández de San Pedro Sula la Mara Salvatrucha ya no operaba como una simple pandilla callejera. Operaba como una especie de gobierno paralelo, como corporación criminal exitosa, como dueña absoluta del territorio. Los vecinos lo sabían. "Ahora estamos más seguros porque aquí ya gobierna la Mara Salvatrucha", decían sin ironía. Porque al menos bajo el dominio pandillero la extorsión tenía reglas, los homicidios eran selectivos, y la violencia era predecible. El Estado, con toda su parafernalia de derechos humanos, no ofrecía ni siquiera eso. Ofrecía ausencia total, impunidad completa, y la garantía de que, si un pandillero decidía matar a un niño, nadie lo detendría antes, nadie lo castigaría después.

El estado de excepción que Xiomara Castro intentó imitar de Bukele fracasó estrepitosamente. No porque careciera de buenas intenciones, sino porque carecía de la voluntad real de confrontar el poder criminal. En dos años de régimen de excepción, Honduras registró cuarenta y ocho masacres con doscientas veinte víctimas, incluyendo la peor matanza en una prisión femenina de la historia reciente de América Latina: cuarenta y seis mujeres asesinadas en la cárcel de Támara en junio de dos mil veintitrés.

El régimen se renovó veinticuatro veces y finalizó el 26 de enero de dos mil veintiséis, un día antes de que Asfura asumiera la presidencia. Su legado: setenta mil detenciones sin detalle de cuántas estaban ligadas a pandillas ni cuántas derivaron en condenas, novecientas veinticuatro quejas por abusos policiales, investigaciones por desapariciones forzadas, denuncias de tortura, y las pandillas más fuertes que nunca. Porque mientras el Estado jugaba a las redadas espectaculares, la MS-13 consolidaba su hegemonía criminal, eliminaba a sus rivales de la Barrio 18, y transformaba la extorsión callejera en una administración cuasi-colonial a nivel profesional de los territorios que se propongan. "Ahora usted puede caminar aquí tranquilo", decía un taxista de la Rivera Hernández. "Los pandilleros ya no se ven. Tienen cámaras de vigilancia en las colonias. Tienen todo controlado desde un centro de mando, pero ya de una forma más profesional". Esa era la seguridad que el modelo hondureño de respeto a derechos humanos había construido: la seguridad de la pandilla corporativa, del criminal que ya no necesita matar en la calle porque tiene el monopolio del territorio.

Y en medio de este paisaje de dominio criminal total, el nuevo gobierno de Asfura eligió su primera batalla diplomática: defender los derechos humanos de los pandilleros frente a Bukele. No elegir confrontar el narcotráfico, que según fuentes militares ya no es separable de las pandillas. No elegir desmantelar las estructuras de extorsión que asfixian la economía popular. No elegir proteger a los cincuenta menores asesinados en cincuenta días.

Elegir criticar a El Salvador por no ser lo suficientemente respetuoso de los derechos humanos de los criminales. Esa fue la prioridad. Esa fue la declaración de principios del nuevo gobierno. Mientras tanto, en la colonia Providencia de San Pedro Sula, capturaban a Yensi Gabriela, implicada en crímenes de niños en el norte del país. En Chamelecón, el Ministerio Público anunciaba capturas de pandilleros de la 18. En todo el territorio nacional, la maquinaria de muerte infantil seguía operando con la eficiencia de quien sabe que el sistema de justicia es un teatro, que los derechos humanos terminan siendo un escudo protector, y que la impunidad es el único derecho realmente garantizado.

La crítica a Bukele, desde luego, vino envuelta en una superioridad moral seudo-incontestable pero también en el tono habitual de quienes siempre encuentran el “pero” perfecto. El modelo salvadoreño ha tenido, desde el primer día, detractores, críticos y opositores de toda laya. Se le ha señalado, cuestionado y diseccionado hasta el cansancio. Y, sin embargo, hay un detalle incómodo que nadie ha logrado borrar: produjo un resultado tangible que la gente común pudo ver y sentir. La posibilidad, elemental, casi primitiva, de caminar por la calle sin la certeza estadística de que podías no volver.

Porque una cosa es el debate de sobremesa y otra el miedo cotidiano. En El Salvador, el experimento fue polémico, discutido, atacado. Pero los números cambiaron y la percepción en las calles también. Eso, guste o no, pesa.

En Honduras, en cambio, el modelo exquisitamente respetuoso en el discurso producía otro tipo de resultados “tangibles”: cincuenta menores asesinados en cincuenta días, líderes pandilleros concentrados en perfeccionar la industria del terror, y un ministro de Seguridad explicando en televisión, con seudo peso académico, por qué no se podía hacer lo que hizo El Salvador porque eso vulneraría los derechos humanos de no se sabe exactamente quién.

Así que sí, el modelo salvadoreño tiene críticos. Siempre los tuvo. Lo curioso es que, hasta ahora, ninguno ha conseguido ofrecer algo que funcione mejor. Y en contextos donde la alternativa es enterrar niños, la discusión teórica empieza a sonar un poco hueca.

La crítica sobre los organismos internacionales cobrando en dólares mientras nada cambia no es ningún resentimiento populachero. Es la descripción precisa de la arquitectura de la impunidad que permanece rentable hasta hoy. Honduras recibe millones en cooperación vinculada a derechos humanos. Esos millones financian oficinas, vehículos, salarios, viajes, conferencias, publicaciones. Financian el simulacro. Y el simulacro permite al Estado mantener la ficción de que algo se está haciendo, que hay avances, que la cooperación funciona. Mientras tanto, la impunidad real, la que protege a los asesinos de defensores, la que garantiza que el noventa y siete por ciento de los crímenes contra quienes defienden derechos quede sin sanción, esa impunidad opera intacta. Porque no es un fallo del sistema. Es el sistema. Y el sistema paga bien a quienes lo mantienen, en lempiras para los locales, en dólares para los internacionales, en vidas para las víctimas.

Bajo el dogma invocado de los derechos humanos, terminan sacrificados miles de personas: niños, mujeres, ancianos, gente trabajadora, la gente de a pie que sale cada mañana a sostener a su familia. En ese altar retórico se acumulan vidas reales. Estados liberales que aprendieron a dominar el lenguaje sin encarnar su contenido. Organismos internacionales que prefieren la continuidad del diálogo antes que la confrontación incómoda que implicaría admitir que dieciséis años de observación especial pueden ser, en realidad, dieciséis años de fracaso institucionalizado. Técnicos de cooperación que celebran indicadores de proceso porque los indicadores de resultado arruinarían demasiadas presentaciones.

Es la suma de actores construyendo una opereta impecable: música hermosa, escenografía pulida, discursos afinados. Y, sin embargo, al caer el telón, los defensores siguen muertos, las mujeres siguen siendo asesinadas con impunidad obstinada, los niños siguen cayendo bajo la violencia de pandillas que conocen mejor el territorio que cualquier burócrata. Ministros repitiendo su retórica vacua desde estudios con aire acondicionado, sin haber pisado un barrio sitiado. Y el único aplauso viene de delegaciones que ya calculan la próxima ronda de financiamiento, satisfechas de que la obra continúe, aunque el público, el de verdad, lleve años pagando la entrada con sangre.

La vida en Honduras sigue siendo un infierno para quienes defienden hasta el más mínimo derecho; para quienes son mujeres, para quienes son niños, para quienes son pobres, para quienes se atreven a incomodar el estercolero de país que tenemos. Y lo seguirá siendo mientras los derechos humanos funcionen como lo que son hoy: un dogma cómodo para quienes lo predican desde la distancia, un negocio rentable para quienes lo administran desde oficinas climatizadas y una promesa sistemáticamente incumplida para quienes la necesitan en el territorio.

Después de años de informes, observación internacional y cooperación millonaria, cuesta seguir repitiendo que el problema es de aplicación y no de resultados. Porque cuando un discurso acumula más de una década y media sin alterar la realidad que describe, deja de ser una esperanza fallida y empieza a parecer una herramienta inútil en la práctica. No en teoría, no en manuales, no en conferencias: en el país real.

En Honduras, los derechos humanos han sido absorbidos por una maquinaria de legitimación que los convierte en su opuesto: en la retórica que permite la impunidad, en la institucionalidad que disfraza la violencia, en la cooperación que financia la ficción de que algo cambia mientras todo permanece igual.

Y lo peor, lo verdaderamente cínico, es que todos los involucrados lo saben. Los funcionarios que firman planes nacionales que nadie ejecuta. Los técnicos internacionales que redactan informes de avance que nadie lee fuera de sus propios círculos. Los diplomáticos que celebran acuerdos de cooperación como si fueran victorias históricas. Los ministros que hablan de principios abstractos mientras los muertos tienen nombres y edades.

Todos saben. Pero el espectáculo debe continuar. Porque si se detuviera, si alguien dijera en voz alta que dieciséis años de observación especial y cincuenta menores asesinados en cincuenta días conducen al mismo punto muerto, entonces aparecería la pregunta prohibida: dónde fueron a parar los millones.

Y nadie quiere hacer esa pregunta. Es más cómodo seguir produciendo informes sobre voluntad política y espacios de diálogo, mientras en los cementerios y en las fosas las lápidas se multiplican con una regularidad que ya ni siquiera escandaliza: apenas confirma que la maquinaria sigue funcionando exactamente como fue diseñada.

El fracaso de los derechos humanos en Honduras no es un fracaso parcial, ni un fracaso en construcción, ni un fracaso que pueda atribuirse a la falta de recursos o a la complejidad del contexto. Es un fracaso total, sistemático, institucionalizado, y rentable para todos los involucrados excepto para quienes mueren esperando la protección que nunca llega. Es el fracaso de una idea en apariencia noble convertida en industria del simulacro, en maquinaria de legitimación de la violencia, en negocio redondo para burócratas internacionales y funcionarios locales que han aprendido a bailar el vals de la cooperación mientras el país se desangra.

Y mientras este vals vampírico continúe, mientras nadie se atreva a declarar oficialmente que el emperador está desnudo, que la protección no existe, que la impunidad es el verdadero sistema de gobierno, los derechos humanos seguirán siendo lo que son hoy en Honduras: la mentira más cara de América Central, el escudo de los asesinos de niños, y la burla final de quienes mueren creyendo que alguien, en alguna oficina climatizada de Tegucigalpa o Ginebra, realmente les importa.

Fuente:  

• "Situación de los derechos humanos en Honduras" - Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
• "95% de femicidios en Honduras quedan en la impunidad" - Criterio.hn
• "Al menos 50 menores de edad han sido asesinados en Honduras en lo que va de 2026" - La Tribuna
• "Fiscalía de Derechos Humanos cuenta con 18 fiscales para todo el país" - La Tribuna
• "Congreso Nacional de Honduras intenta destituir al Comisionado Nacional de Derechos Humanos" - Criterio.hn
• "En Honduras, derechos humanos son solo para la fotografía" - Criterio.hn
• "CIDH condena asesinato de defensor de derechos humanos en Honduras" - CIDH
• "Ministro de Seguridad: El modelo Bukele no es replicable en Honduras" - El Heraldo
• "Bukele responde al ministro de Seguridad de Honduras: 'Miles de hondureños morirán por culpa de estas personas'" - La Prensa Gráfica
• "Capturan a líder de estructura pandillera dedicada a matar niños en SPS" - La Tribuna
• "Ahora estamos más seguros porque aquí ya gobierna la Mara Salvatrucha, dicen vecinos de Rivera Hernández" - La Tribuna
• "El estado de excepción en Honduras fracasó: 48 masacres y 220 víctimas en dos años" - La Tribuna
• "Honduras: Investigar masacre en cárcel de mujeres" - Human Rights Watch