Hay países que parecen haber
nacido bajo una maldición sutil, no la de la pobreza extrema ni la de la guerra
abierta, más bien otra más insidiosa: la de la promesa incumplida. Honduras es
uno de ellos. Desde 1880, cuando el presidente Marco Aurelio Soto decretó la
separación formal entre la Iglesia y el Estado, se instaló en el imaginario
nacional la idea de que éramos modernos, que caminábamos hacia el progreso
racional, que dejábamos atrás el oscurantismo colonial para abrazar la luz de
la ciencia y la razón. Más de un siglo después, quien habita este territorio no
encuentra rastros de esa modernidad. Lo que encuentra es violencia, atraso, una
élite que parece competir por ser la más funcionalmente ignorante de América
Latina, y un Estado que existe en los papeles, pero no en la calle. Entonces
surge la pregunta, no académica, más bien existencial: ¿para qué sirvió todo
esto? ¿Qué sentido tiene seguir defendiendo el laicismo cuando el país que lo
alberga no representa nada, no es sinónimo de nada, excepto de fracaso?
El laicismo hondureño fue, desde
su origen, más un gesto que una transformación real. No surgió de un proceso
social profundo de secularización, ni de una burguesía formada disputándole el
poder al clero, tampoco de una ruptura revolucionaria que sustituyera la
legitimidad divina por la soberanía popular. Fue, ante todo, un acto
burocrático: un decreto presidencial en un país donde los decretos rara vez
modifican las estructuras de fondo.
No se trató de una victoria de la
sociedad sobre la Iglesia, fue una reconfiguración del poder dentro de la misma
élite. La casta criolla, ya enquistada en el Estado, adoptó el laicismo no como
proyecto emancipador, lo adoptó como signo de distinción y modernidad traída de
fuera. Miraban a Europa, y en particular a Francia, no para transformar la
realidad hondureña, lo hacían para legitimarse simbólicamente ante el mundo y
ante sí mismos.
La Iglesia no fue desplazada por
una nueva racionalidad social; simplemente dejó de ser el eje formal del
discurso estatal cuando dejó de ser funcional. Cuando convino, se la apartó;
cuando convino, se la volvió a convocar. El laicismo, así, no expresó una
separación efectiva entre poder político y poder religioso; fue la expresión de
la capacidad de la élite para usar ambos registros según convéniese la
coyuntura de turno.
De este modo, el laicismo terminó
reducido a un ornamento: una fachada institucional que no alteró las relaciones
sociales ni democratizó el poder. No fue una nueva forma de ser hondureños, fue
una etiqueta moderna superpuesta a un orden viejo. Un nombre refinado para
designar una continuidad.
La Constitución de 1982, nacida
de una Asamblea Nacional Constituyente que pretendía clausurar el ciclo
militar, proclamó el carácter laico del Estado con una prolijidad casi
excesiva. La educación fue declarada neutral en materia religiosa; se establecieron
límites claros a la participación política del clero; se fijaron, sobre el
papel, fronteras nítidas entre lo público y lo confesional. Todo quedó
formulado con la fe, no deja de ser irónico, de quien cree que una norma
escrita basta para ordenar la realidad.
Pero Honduras no es lo que
enuncia su Constitución. Honduras es lo que ocurre a las tres de la mañana en
una colonia de Tegucigalpa, cuando el narco cobra la extorsión y la policía no
llega, no por ausencia del Estado, llega porque el Estado también cobra.
Honduras es lo que ocurre cuando decisiones de salud pública quedan bloqueadas
no por debate democrático, quedan bloqueadas por llamadas privadas, presiones
morales y cálculos políticos. Honduras es lo que ocurre cuando una alta
jerarquía religiosa interviene abiertamente en una crisis institucional,
respalda una ruptura del orden constitucional y no enfrenta consecuencia
alguna.
El problema no es la existencia
de normas laicas, es su carácter decorativo. El Estado se declara neutral, pero
actúa según le parezca en ese momento. La separación entre Iglesia y poder
político no opera como principio fundamental, opera como un recurso selectivo:
se invoca cuando sirve, se ignora cuando estorba. La legalidad queda así
reducida a escenografía, mientras las decisiones reales se toman en otro lado,
lejos del texto constitucional y aún más lejos de la soberanía popular.
El laicismo, en esta situación,
no es una conquista, es una mentira piadosa. Una mentira que permite a ciertos
sectores sentirse modernos sin serlo, progresistas sin progresar, cultos sin
iluminar nada. La izquierda progresista, el mundo liberal, los círculos
académicos defienden el laicismo con una pasión que resulta casi conmovedora
por su parecido a la desesperación. Defienden el laicismo porque es la única
batalla que pueden ganar sin tocar el poder real. Es más fácil denunciar que un
cura mete las narices en política que enfrentar que el hermano del presidente
es narcotraficante. Es más seguro exigir educación sexual integral que
construir un sistema educativo público que funcione. El laicismo se convirtió
en opio de los progresistas hondureños: les da la sensación de estar del lado
correcto de la historia mientras el país se desangra a su alrededor.
Pero hay algo más profundo en
esta defensa, algo que tal vez ni quienes la practican reconocen plenamente. El
laicismo permite a la clase media urbana, profesional, con acceso a
universidades privadas y viajes ocasionales al extranjero, distinguirse de las
masas. Es un marcador de clase. Ser laico, en Honduras, no es necesariamente
creer en la razón científica; es no ser como ellos, los pobres, los de
provincia, los evangélicos de las colonias, los católicos devotos del interior.
Es una forma de decir: yo pertenezco al mundo moderno, aunque viva en un país
premoderno (inframundista en este caso). Es una identidad sustituta, una
nacionalidad de segunda mano que se adquiere por consumo cultural más que por
pertenencia efectiva a una sociedad racionalizada.
La élite económica hondureña, esa
que algunos estudios describen como pobre incluso en su riqueza comparada con
oligarquías centroamericanas más sofisticadas, es funcionalmente agnóstica. No
les interesa el laicismo ni la religión; les interesa la concesión, la
importación, el contrato estatal, la zona franca, el lavado de dinero. Son
utilitaristas. Usan la Iglesia cuando necesitan legitimidad popular, usan el
laicismo cuando necesitan financiamiento internacional. No tienen proyecto
nacional porque nunca necesitaron tenerlo. Su poder no viene de la
productividad ni de la innovación, viene de la proximidad al Estado, de la
capacidad de capturar instituciones, de la habilidad para convertir lo público
en privado. Son, en el fondo, los herederos de la encomienda, adaptados al
siglo XXI pero mentalmente estancados. El laicismo les resulta indiferente,
como les resulta indiferente la educación pública que no utilizan, la seguridad
ciudadana que no necesitan porque tienen guardaespaldas, la salud pública que evitan
porque pagan seguros privados.
El sistema político hondureño,
ese que los manuales llaman democracia representativa y los hondureños sabemos
que es otra cosa, ha incorporado el laicismo como parte de su maquinaria de
simulación. Los partidos políticos, herederos del clientelismo del siglo XIX
actualizado con técnicas del narcoestado, no tienen ideología. Los partidos
actuales son estructuras para la distribución de empleos, la recaudación de
cuotas, la compra de votos. El laicismo no altera esta forma de operar. Un
estudio reciente detectó 276 patrones de corrupción en 70 instituciones durante
la última década. No son anomalías; esto es el sistema. El clientelismo es
autorregulado, institucionalizado, aprendido. Los empleados públicos pagan
cuotas a sus partidos no por convicción, lo hacen porque es el precio del
puesto. La política no es una deliberación; es al final una transacción. En
esta situación, el laicismo es tan relevante como el color de las paredes de un
edificio que se derrumba.
La defensa del laicismo adquiere
entonces un carácter casi patético. Es como insistir en las buenas maneras en
medio de una masacre. Es como preocuparse por la ortografía mientras arde la
casa. Los defensores del laicismo en Honduras, y hay muchos, bien intencionados,
educados, con citas de John Rawls o Jürgen Habermas en sus estanterías, parecen
habitar una realidad paralela. Hablan de espacios públicos racionales, de
deliberación democrática libre de dogmas, de ciudadanía secular, mientras
afuera, en la calle real, la violencia es la única forma efectiva de resolución
de conflictos, la única autoridad reconocida, el único lenguaje común.
Pero quizás lo más grave no es la
hipocresía de quienes defienden el laicismo sin vivir sus consecuencias, es la
sustitución que esta defensa implica. Al centrarse en el laicismo como
horizonte de emancipación, se desvía la atención de lo que realmente necesitaría
Honduras: un Estado que exista, que monopolice la violencia legítima, que
imparta justicia, que eduque, que cure. Un Estado que no sea simplemente el
botín de turno. El laicismo, en su versión hondureña, es una forma de
fetichismo institucional: la creencia de que la forma determina el contenido,
que al tener una Constitución que dice laico, entonces somos modernos, que, al
prohibir a los curas en el Congreso, entonces tenemos separación de poderes.
La realidad es que Honduras no
tiene separación de poderes. Tiene concentración de impunidad. Los militares
hicieron golpe en 2009 y fraude en 2017, y no hubo consecuencias. La presidenta
del momento llegó prometiendo refundación y reproduce las mismas prácticas de
sus predecesores. La élite económica financia campañas y recibe concesiones. El
narco penetra el Congreso, los tribunales, la policía. En este escenario, ¿qué
importa si el Estado es laico o confesional? La violencia no discrimina por
creencia. La pobreza no pregunta por convicciones. La corrupción no distingue
entre creyentes y ateos.
Existen países donde la religión
configura parte de su Estado, o incluso gran parte, son tecnológicamente, o
mejor dicho, infinitamente, más desarrollados que Honduras. Pueden desarrollar
cohetería, automóviles, drones, ciencia avanzada, industria nuclear… Honduras,
en cambio, no puede fabricar ni una bicicleta. Es momento de que nos pongamos
la mano en la conciencia y reflexionemos sobre qué significa ser laico en este
país, porque en la práctica no se traduce en nada.
Existen Estados confesionales y
aconfesionales que han alcanzado un desarrollo mucho mayor que el nuestro. Esto
debería alertarnos, debería indignarnos. ¿Qué hacen nuestras élites? ¿Se siguen
creyendo avanzadas porque gozan de una “libertad” copiada del Occidente
colectivo? Entre los grandes logros de Honduras destacan que nuestras niñas
tengan cuentas de OnlyFans, que nuestras mujeres deban valerse de cualquier
recurso para sobrevivir, o que seamos el país de Centroamérica con mayor
desaparición de niños. Estos son los logros de nuestro Estado laico.
Algunos dirán que, sin el
laicismo, sería peor; que al menos contamos con un marco legal para defender
ciertos derechos, que la educación laica protege espacios de resistencia. Es un
argumento defensivo, minimalista, que reconoce implícitamente nuestra derrota.
Sí, es mejor tener una Constitución laica que una teocracia. Pero esa no era la
promesa.
La promesa era que el laicismo
sería correlato del desarrollo, de la racionalización, de la salida del atraso.
El hondureño, durante el siglo XIX, aspiraba a volverse Francia. Bueno, mi
hermano, no llegamos ni a ser Uruguay, ni mucho menos Costa Rica. Esto nos
debería dejar claro: una vez más queda demostrado que lo hondureño y la
realidad son incompatibles.
La tragedia del laicismo
hondureño es que nunca fue auténtico: solo fue una copia. Una copia de modelos
europeos que nuestras élites admiraban de lejos, pero que no comprendían ni
podían reproducir en su propia realidad. Requería un proceso de secularización
social que jamás ocurrió, una burguesía formada que nunca existió, una
revolución democrática que nunca llegó. Requería un Estado racional,
burocrático, impersonal. Honduras, en cambio, tiene un Estado patrimonial: los
cargos se compran o se heredan, la ley se pacta, y la soberanía popular es un
artificio literario.
El laicismo hondureño, entonces,
no es un logro; es un proyecto fallido. Un intento de modernidad recortado,
pegado por fuera, que nunca logró arraigar. Y lo más curioso es que nuestras
élites políticas no lo ven así: lo admiran como si fuera un traje nuevo, una
insignia de distinción, sin darse cuenta de que sigue siendo solo eso: un
vestido prestado que no encaja con la realidad que lo rodea.
Quienes seguimos en Honduras,
quienes no hemos podido o no hemos querido irnos, vivimos esta contradicción
cotidianamente. Vemos cómo el discurso laico se usa para financiamiento
internacional, para reportes de organismos multilaterales, para discursos en
universidades, mientras la vida real transcurre bajo otras formas de operar.
Vemos cómo la defensa del laicismo se convierte en identidad de clase, en
distinción cultural, en forma de decir nosotros contra ellos, sin que el
nosotros construya nada colectivo, y sin que el ellos sea realmente
comprendido.
El laicismo hondureño no ha
servido para modernizar porque modernizar requería algo más que decretos
constitucionales. Requería una transformación social profunda, una ruptura con
las estructuras criollas, una construcción de ciudadanía que nunca se dio.
Requería, en última instancia, que las élites del país quisieran ser algo más
que extractores de renta, que la clase media quisiera ser algo más que
consumidora de modernidad traída de fuera, que el Estado quisiera ser algo más
que un aparato de distribución de prebendas.
Nada de eso ocurrió. Y entonces,
el laicismo se quedó como es: una norma constitucional que algunos defienden
con pasión creciente en proporción directa a su irrelevancia práctica. Una
promesa de modernidad que se cumple en los seminarios académicos y se diluye en
las calles. Una forma de sentirse del lado correcto de la historia mientras la
historia, la nuestra, la de Honduras, transcurre en otra dirección, hacia
ninguna parte, hacia la repetición del fracaso, hacia la emigración como única
forma de futuro.
Defender el laicismo en Honduras
es, al final, una forma de no rendirse. De aferrarse a la esperanza de que
algún día, cuando el Estado funcione de verdad, cuando la educación cumpla su
propósito, cuando la violencia deje de gobernar, entonces sí, el laicismo
tendrá sentido. Pero esa esperanza exige ignorar, o al menos sobrevivir, la
evidencia cotidiana: Honduras nunca fue una sociedad preparada para eso.
Es un país atrapado en una
modernidad simulada. Copiamos formas occidentales, la constitución, la
democracia, el laicismo, y las colocamos sobre contenidos premodernos:
clientelismo, violencia privada, extracción oligárquica. La tensión entre lo
formal y lo real nunca se resuelve; la promesa nunca se cumple. El laicismo,
desde 1880, no ha sido más que un gesto refinado, un proyecto fallido, una
ilusión que nuestras élites admiran como si funcionara, mientras el país sigue
siendo lo que siempre ha sido: un lugar donde la modernidad occidental no
llegó, no llega y, tal vez, nunca llegará.
Fuentes:
- Constitución de la República de Honduras (1982)
Artículos 77 y 102 sobre
educación laica y separación Iglesia-Estado
- Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS-UNAH)
Análisis sobre disolución del
Estado laico en Honduras
- Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ Honduras)
Estudio: 276 patrones de
corrupción en 70 instituciones (2014-2024)
- InSight Crime
Análisis sobre sistema
autorregulado de corrupción en Honduras
- Reverendo Jorge Joel Rodríguez
Declaración: Honduras como
"Estado laico que no es laico"
- Cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga
Posicionamiento público durante
el golpe de Estado de 2009
- Estudios académicos sobre élites centroamericanas
Descripción de élites hondureñas
como "pobres en su riqueza"
- Análisis polítológico sobre clientelismo en Honduras
Sistema de cuotas partidarias y
financiamiento político
- Investigaciones sobre captura del Estado
Penetración de redes
cleptocráticas y narcotráfico en instituciones