Existe un manual secreto, no
escrito, que gobierna el destino de Roatán. No es un código legal ni una carta
magna, más bien algo más pragmático: un pacto de silencio entre el aparato
estatal hondureño, los medios de comunicación nacionales y un puñado de
beneficiarios que, con pasaportes extranjeros o apellidos políticos locales,
han convertido a esta isla en un negocio de fachada. La regla es simple:
mantener la imagen de paraíso a cualquier costo. Y el costo, claro, lo pagan
otros.
Porque Roatán no es lo que
venden. Roatán es otra cosa. Una especie de territorio siniestro donde la
normalidad turística, los cruceros, los resorts, los "all inclusive”,
funciona como maquillaje sobre una realidad que nadie quiere nombrar.
Desapariciones que no se investigaron. Sedes policiales que operan como
decorados de teatro. Y una industria de trata de personas que florece en la
penumbra, mientras las autoridades dedican sus energías a garantizar que el
turista promedio nunca sospeche que, a tres calles de su hotel, alguien está
siendo vendido.
El dinero, se sabe, no circula.
Se estanca. Se queda en las cuentas de esos "empresarios" y políticos
que han aprendido a lucrar con la desesperación y la invisibilidad. Pero lo
verdaderamente aberrante no es la corrupción, que ya es endémica en Honduras,
es la complicidad social que la protege. Existe en este país una fauna
particular: los defensores oficiales de la "buena fama" de Roatán.
Personas que, ante cualquier denuncia, no reaccionan con indignación ante el
crimen; al contrario, lo hacen con furia hacia quien lo nombra. "No
exageren", dicen. "Son rumores". "No le den mala fama a la
pobre isla".
El perfil de estos defensores
resulta revelador. Un análisis rápido de sus redes sociales muestra los
patrones: cónyuges de funcionarios públicos o de algún extranjero, parientes de
diputados, socios de inversionistas foráneos cuyo negocio depende de que los
turistas sigan llegando ignorantes. Su razonamiento es transparente: cuando el
escándalo daña las utilidades, el escándalo debe silenciarse. Y cuando ese
silencio implica que una familia nunca sabrá qué pasó con su hija desaparecida,
que así sea. Los negocios son los negocios.
Roatán, joya del Caribe
hondureño, se presenta al mundo como un edén tropical, un destino idílico para
turistas, así como una promesa de prosperidad; no obstante, bajo su superficie
cristalina y sus playas de arena blanca, se oculta una realidad sombría y
compleja, donde la violencia, la explotación y la impunidad se entrelazan de
forma alarmante. Este artículo de opinión busca desvelar las capas de esta
problemática, mostrando cómo la isla se ha convertido en un escenario donde la
vida de sus habitantes, especialmente mujeres y comunidades originarias, se ve
amenazada por intereses foráneos y la inacción de las autoridades, lo cual
genera un profundo desequilibrio social.
La isla ha sido testigo de
tragedias que revelan una profunda vulnerabilidad, como lo demuestra el triple
feminicidio de French Harbour en 2024, donde Nikendra McCoy, María Antonia Cruz
y Dione Solórzano perdieron la vida, un evento que no constituye un incidente
aislado, lo cual refleja un patrón más amplio de violencia. La historia de
Dione, quien regresó de Alaska con sueños de un futuro mejor para sus hijos, y
la de sus amigas, unidas por lazos de amistad y aspiraciones de movilidad
económica, se vio truncada por un acto de violencia extrema, lo cual dejó a sus
familias en un estado de profunda consternación. La respuesta inicial de las
fuerzas del orden, caracterizada por la demora y la minimización, subraya una
falla sistémica que deja a las víctimas y sus familias en un desamparo
desolador, mientras la fuga del principal sospechoso, un ciudadano extranjero,
plantea serias interrogantes sobre la facilidad con la que ciertos individuos
pueden eludir la justicia en la isla, lo que compromete la confianza en el
sistema.
Este patrón de desprotección se
extiende a otros casos de gran impacto, como la desaparición de Angie Peña en
2022, un suceso que, habiendo comenzado como una búsqueda de una joven en un
accidente acuático, pronto reveló una red de tráfico de personas y explotación
sexual que, según las investigaciones, operaba con la aquiescencia de las
autoridades. La falta de resolución en este caso, junto con la sospecha de que
Angie podría estar viva y siendo explotada, añade una dimensión de horror a la
situación de la isla, lo que intensifica la preocupación por la seguridad de
sus habitantes. La detención de Gary Lee Johnston, un ciudadano estadounidense
con un historial de explotación infantil, en un resort de Roatán, expuso la
presencia de redes internacionales que operan en la isla, aprovechando la
debilidad de los controles y la vulnerabilidad de la población local, lo cual
sugiere una operación coordinada donde la impunidad se convierte en un activo
para quienes buscan lucrarse de la miseria ajena, lo que perpetúa un ciclo de
abuso.
La situación se agrava
considerablemente con la presencia de las Zonas de Empleo y Desarrollo
Económico (ZEDEs), como Próspera, las cuales, concebidas como motores de
inversión y progreso, han generado un conflicto territorial con comunidades
ancestrales, como la garífuna de Punta Gorda. La creación de Próspera, bajo un
marco legal cuestionable y con vínculos con figuras políticas señaladas por
actos ilícitos, ha llevado al despojo de tierras y a la violación de derechos
fundamentales, lo que ha provocado un profundo malestar social. La expulsión
violenta de miembros de la comunidad garífuna, y la posterior demanda
millonaria de Próspera contra el estado hondureño por defender su soberanía,
evidencian una asimetría de poder donde los intereses corporativos prevalecen
sobre los derechos de los pueblos originarios, lo cual socava los principios de
justicia y equidad. La autonomía jurídica de estas zonas crea un vacío legal
que permite eludir la legislación nacional, privatizando funciones estatales y
reduciendo las protecciones para la población no integrada en ellas, lo que
genera un entorno de desregulación y desprotección.
La industria turística, si bien
es un pilar económico para Roatán, también contribuye a esta compleja red de
abusos, puesto que la dependencia de la imagen de un paraíso seguro genera
presiones para minimizar cualquier incidente que pueda afectar su reputación.
Esto se traduce en un sistema donde la protección estatal se distribuye de
manera desigual, priorizando los casos que involucran a turistas como víctimas
y minimizando aquellos que afectan a la población local, lo cual evidencia una
doble moral en la aplicación de la justicia. La falta de investigaciones
periodísticas profundas en los medios locales, a menudo dependientes de la
publicidad del sector turístico, contribuye a este silencio cómplice, lo que
impide una comprensión cabal de la realidad insular.
Las voces de las comunidades
afectadas, como la garífuna, son fundamentales para comprender la profundidad
de esta problemática, ya que su historia de exclusión y lucha por el
territorio, que se remonta a siglos, se ve recrudecida por la expansión de proyectos
como las ZEDEs. La violencia contra líderes comunitarios, incluyendo
desapariciones no resueltas, silencia la denuncia y desarticula la
organización, lo que debilita la capacidad de resistencia de estas poblaciones.
Las mujeres jóvenes, por su parte, son objetos de explotación sistémica, con un
patrón de desapariciones que revela una vulnerabilidad sistémica alimentada por
la pobreza, la migración y la falta de protección, lo cual las expone a graves
peligros. El testimonio de Ovania McCoy sobre niños vulnerables en las playas,
abusados por turistas, conecta la violencia de género con la explotación
infantil, mostrando una continuidad de estructuras de abuso que atraviesan
edades y contextos, lo que demanda una atención urgente y coordinada.
Roatán es un microcosmos donde se reflejan
problemáticas globales de violencia, explotación y desigualdad, puesto que la
interacción entre intereses económicos foráneos, la inacción de las autoridades
y la vulnerabilidad de las comunidades locales crea un caldo de cultivo para la
impunidad. Es imperativo que se reconozca la complejidad de esta situación y se
implementen medidas que garanticen la protección de los derechos básicos, la
justicia para las víctimas y la soberanía de Honduras sobre su territorio, ya
que solo así Roatán podrá aspirar a ser verdaderamente el paraíso que promete
ser, un lugar donde la dignidad y la seguridad de todos sus habitantes sean una
realidad innegable.
Fuente:
- Triple feminicidio de French Harbour (2024)
Nikendra McCoy, María Antonia
Cruz y Dione Solórzano
Contra Corriente
Criterio.hn
Ministerio Público de Honduras
- Caso Angie Peña (2022)
Contra Corriente
Múltiples medios hondureños
Comité contra la Desaparición
Forzada de la ONU
- Caso Gary Lee Johnston
Swissinfo
Associated Press
Ministerio Público de Honduras
- ZEDEs y conflicto con comunidad garífuna de Punta Gorda
Contra Corriente
El Libertador
Avispa Midia
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