Creo que todos alguna vez hemos leído o escuchado mencionar ese antiguo mito griego de la Caja de Pandora, donde se narra cómo Zeus le regaló a Pandora; la primera mujer creada, una caja (en realidad, una jarra) con la advertencia de no abrirla. Impulsada por la curiosidad, Pandora cedió y al abrirla liberó todos los males del mundo, como la enfermedad, la locura, la crueldad, el hambre, la guerra, la envidia y la codicia. La única cosa que quedó en el fondo de la jarra, cuando Pandora la cerró de inmediato, fue la esperanza.

Se dice que la esperanza es el único elemento que le ha permitido a la humanidad seguir adelante a pesar de todo… ¿pero y si la esperanza no es una virtud, sino que realmente se trata del peor de los males que quedó atrapado dentro de la caja? Pues este elemento nos ciega, nos vuelve pasivos y evita que confrontemos a los demás males que fueron liberados, porque nos hace creer que vendrá algo o alguien a salvarnos sin nosotros esforzarnos en luchar contra la adversidad. 

Cada vez más pensadores interpretan este mito de esa manera, pues la palabra griega elpis puede significar «esperanza» o «expectativa» y esta ambigüedad permite interpretar que lo que quedó en la caja no es una esperanza positiva, sino una expectativa del mal que hace la vida insoportable.

Ahora viendo el mito desde esa perspectiva podemos encontrar un paralelismo entre él y el estado actual de Honduras y el modo de pensar y actuar del hondureño, pues al hondureño la esperanza en vez de traerle algo positivo lo daña, lo ha domesticado y lo ha convertido en una criatura pasiva ante todas las injusticias y problemas que lo aquejan, pues cree firmemente que algún día llegará alguien que lo sacara de ese abismo en el que vive, y claro para que eso ocurra lo único que tiene que hacer es esperar cuatro años para meter un papel en una urna y esperar a que esta vez ese salvador si aparezca.   

Para entrar un poco más en profundidad con esta analogía, remontémonos al inicio de la era democrática en Honduras.

En 1982 Honduras inaugura su Constitución moderna y da inicio a la era democrática «formal», después de décadas de gobiernos militares. El país abre una nueva etapa con expectativas de libertad, institucionalidad y progreso. Sin embargo, igual que en el mito, al abrir esa «caja» también emergieron numerosos «males» que antes estaban contenidos o invisibles.

Paralelismos directos

La ilusión de un nuevo comienzo

Pandora recibe la caja como un obsequio aparentemente positivo. Honduras recibió su nueva Constitución y el retorno del orden civil como un regalo político, simbolizando esperanza, estabilidad y modernización. En ambos casos, el inicio está marcado por expectativas elevadas, casi míticas.

La apertura inevitable

Pandora abre la caja porque la situación la empuja a ello. Honduras abre su nueva etapa democrática porque el contexto regional y la presión interna/externa obligaban a modernizar las instituciones. Se abre la «caja democrática», liberando muchos problemas disfrazados de logros. La transición no borró las estructuras anteriores: las debilitó parcialmente, las reacomodó y permitió que males ya existentes o emergentes se multiplicaran.

Los males liberados: efectos no deseados del proceso democrático

Al abrir la caja, salen males que antes estaban ocultos. Tras 1982 emergen fenómenos que, aunque no creados por la democracia, se amplifican por la apertura política:

• Corrupción estructural: la alternancia política permitió que redes clientelares, negocios privados dentro del Estado, y prácticas corruptas se expandieran. Se vuelve sistémica en los 80 y 90, continúa en los 2000 y alcanza formas sofisticadas en los 2010.

• Militarismo bananero lite: los militares siguen teniendo influencia decisiva, pero no de una manera positiva, solo se dedican a defender los intereses del gobierno de turno, no defienden la soberanía nacional, además se han visto muy involucrados en el narcotráfico y crimen organizado. 

• Polarización política: del bipartidismo pasamos al tripartidismo La competencia partidista derivó en polarización, manipulación electoral y crisis institucional.

• Fragilidad institucional: las instituciones jóvenes carecieron de independencia, y la fragmentación permitió que intereses particulares dominaran las políticas públicas. Las principales empresas estatales han sido privatizadas para beneficiar empresarios y sociedades extranjeras. 

• Violencia y criminalidad: en los 90 y 2000, la apertura económica y política y la influencia de ONG de derechos humanos dentro del estado coincidió con el auge del narcotráfico, maras y crimen organizado.

• La deuda política: la democracia nos sale cara a los hondureños, las elecciones de este 2025 (tanto internas como generales) nos costaron 2000 millones de lempiras cada una, a parte nosotros financiamos las campañas de los partidos políticos pues la deuda política es el financiamiento estatal que se otorga a los partidos políticos para cubrir los gastos de sus campañas electorales y capacitación, según lo estipulado por la ley desde 1982. En estas elecciones los partidos recibirán 277 millones en deuda política, usted que apenas llega a fin de mes recuerde este dato. 

Ahora ya habiendo leído estos puntos vayamos a la parte más importante, ¿Por qué la esperanza es el peor de los males que aquejan al hondureño?

La interpretación alternativa del Mito de la Caja de Pandora dice que la esperanza no libera, sino que prolonga el sufrimiento al retrasar la acción decisiva. En el caso de Honduras mantiene a las personas esperando cambios que nunca llegan, las hace soportar injusticias, perpetúa sistemas opresivos y adormece la acción y la lucha. Cada cuatro años, como es costumbre, todos los gobiernos en Honduras fracasan y no cumplen lo prometido, entonces el hondureño ya está acostumbrado a decir “Tal vez el próximo gobierno sí cambie las cosas” como un mantra eterno.

Esto mantiene a la población resignada pues los hondureños votan esperando mejoras, pero las élites políticas mantienen las mismas estructuras. La esperanza, lejos de motivar, se convierte en una forma de resignación prolongada. Es así que la esperanza se vuelve paliativo, no solución.

Legítima ciclos recurrentes de desilusión pues cada elección se vende como “la oportunidad de cambio”, pero los resultados solo reproducen corrupción, impunidad, cooptación institucional, pobreza estructural. La esperanza mantiene este ciclo vicioso: esperanza → decepción → nueva esperanza → nueva decepción.

La esperanza reduce la presión social y la acción colectiva en vez de generar rupturas sistémicas o transformaciones profundas alimenta la idea de que hay que aguantar porque «algo vendrá». Esto debilita la movilización constante y organizada, y permite que los gobernantes operen sin contrapesos reales.

También sirve como herramienta política de control pues los discursos oficiales (sin importar el partido) utilizan la esperanza como instrumento de gobernabilidad, los políticos siempre dicen las mismas frases como: «Este proyecto ahora sí va a traer desarrollo.» «Este cambio sí será el definitivo.» «El sacrificio valdrá la pena.»

Es entonces que la esperanza se convierte en un «opio democrático», manteniendo a la ciudadanía expectante y emocionalmente invertida en un sistema que no cambia.

La diáspora es el símbolo del agotamiento de la esperanza pues cuando la esperanza se agota, las personas ya no luchan: emigran. La migración masiva hondureña desde los años 2000 muestra que para millones, la esperanza institucional es el peor de los males, porque los hizo esperar demasiado, les impidió buscar alternativas antes y los mantuvo anclados a promesas incumplidas.

Conclusión

En Honduras la esperanza ha servido para soportar sin transformar, entonces no es virtud: es el último y más sutil de los males. Bajo esta perspectiva, la «esperanza democrática» no ha sido motor de cambio, sino:

• Un regulador emocional.

• Una herramienta de estabilidad para las élites. Aquí es importante aclarar que a las élites pertenecen los grandes empresarios, así como los grandes terratenientes, dirigentes políticos, y también los candidatos de los tres grandes partidos, sean estos turcos, judíos, criollos o mestizos; esto quiere decir que tanto la candidata como la familia que controla al partido que señala a las 11 familias, también pertenecen a las élites que tienen hundido a este país. 

• Un amortiguador del enojo social.

• Un freno simbólico a la acción colectiva.

Es decir, la esperanza es el peor de los males porque mantiene vivo lo que debería morir para que algo nuevo nazca. Solo cuando la esperanza deja de ser pasiva y se convierte en acción (es decir, cuando se rompe la ilusión para construir lo real) Honduras podrá superar los males liberados hace más de cuatro décadas.

 

La comparación entre lo ocurrido en Brasil con Jair Bolsonaro y la situación actual de Juan Orlando Hernández en Estados Unidos constituye una de las lecciones geopolíticas más contundentes que América Latina ha recibido en décadas. En Brasil, con todas sus imperfecciones históricas y sus batallas internas, la justicia se ejerció dentro del territorio nacional. Bolsonaro, un expresidente con una base política poderosa, con respaldo militar y con apoyo explícito de sectores reaccionarios, fue perseguido, investigado, procesado y castigado por instituciones brasileñas. No hubo delegación, no hubo entrega del caso a jurisdicciones externas, no se apeló a la fantasía de que otro país podría hacer justicia en su lugar. Brasil, como nación y como Estado, decidió que los crímenes cometidos contra su democracia debían enfrentarse dentro de sus fronteras. Esa decisión, más allá de su eficacia jurídica, es una afirmación absoluta de soberanía.

 

Honduras tomó el camino inverso. Un Estado debilitado, corroído por décadas de corrupción sistémica y estructuras liberales frágiles, optó por delegar la función más vital de una república: la administración de justicia. La extradición, presentada ante el pueblo hondureño como una herramienta moderna para combatir el narcotráfico, se convirtió en un sustituto de la responsabilidad estatal. En lugar de reformar su aparato judicial, de fortalecer su Ministerio Público, de blindar sus instituciones, Honduras aceptó que no podía juzgar a Juan Orlando Hernández, el presidente que convirtió al país en un narco–protectorado. Se celebró la ilusión de que la justicia estadounidense, implacable e incorruptible en el imaginario popular, castigaría al criminal más peligroso en la historia política del país.

 

Hoy esa ilusión se ha desplomado. Donald Trump anuncia abierta y descaradamente que planea perdonar a Juan Orlando Hernández, y con ello desnuda la verdad que muchos latinoamericanos se negaban a ver: la extradición hacia Estados Unidos nunca fue un mecanismo de justicia, sino un instrumento de poder. Washington no castiga por principios; castiga cuando le conviene. Y cuando la conveniencia cambia, también cambia el destino del condenado.

 

Durante décadas, Estados Unidos vendió la narrativa de una “guerra contra el narcotráfico” que justificaba capturas, espectáculos mediáticos y extradiciones presentadas como el pináculo de la cooperación internacional. Pero todo era, todo es, maquillaje, un teatro cuidadosamente construido para sostener su imagen de gendarme moral del hemisferio. En realidad, el origen del aliado extraditado jamás importó: narcotraficante, político corrupto, operador mafioso… lo único verdaderamente relevante era su utilidad temporal para el guion imperial.

 

La posible liberación o reducción de condena de JOH no solo expone la hipocresía; desmonta el mito. Trump no está rompiendo con la tradición estadounidense: está sincerándola. Cuando la geopolítica toca la puerta, las leyes internacionales vuelan por los aires. Eso es exactamente lo que ha ocurrido. El poder real, el estratégico, el que decide mapas, rutas marítimas y zonas de influencia, ha impuesto su lógica.

 

Para Estados Unidos, lo esencial no es la moralidad de un extraditado sino mantener su propio Mare Nostrum sobre el Caribe, asegurar el dominio de los corredores marítimos, sostener su estructura de control hemisférico. En ese tablero, los tratados de extradición no son pactos sagrados: son piezas desechables. Y cuando una pieza deja de servir, se rompe sin remordimiento.

 

Lo que estamos presenciando es la demostración más brutal de que la extradición anglosajona es una farsa. Los latinoamericanos, especialmente aquellos que creyeron ingenuamente en la “imparcialidad” de la justicia estadounidense, deben despertar de una vez: ningún país poderoso renuncia a un instrumento geopolítico por respeto a un documento firmado con naciones que considera periféricas. La realidad es dura pero simple: en el momento decisivo, la ley no manda; manda el poder.

 

La diferencia con Brasil es abismal. Mientras la república brasileña, con todos sus problemas, comprende que juzgar a sus líderes es un acto indispensable para preservar la integridad del Estado, Honduras quedó supeditada a los intereses de otro país. En Brasil, las decisiones sobre Bolsonaro las toman brasileños. En Honduras, el destino de Juan Orlando depende de un cálculo geopolítico extranjero que jamás tendrá al pueblo hondureño como prioridad. Y así queda desnudado el verdadero significado de la extradición: no es justicia, es transferencia de poder. No es castigo, es dependencia. No es un mecanismo de defensa nacional, sino una renuncia voluntaria a la soberanía.

 

El caso JOH demuestra que ningún imperio hace justicia por sus periféricos. Demuestra que la creencia de que Estados Unidos castigaría a nuestros corruptos, narcos y saqueadores era una ilusión infantil. Demuestra que un país que entrega a sus criminales también entrega su capacidad de repararse a sí mismo. Brasil juzgó a Bolsonaro porque tiene claro que lo contrario sería abdicar de su existencia como Estado. Honduras entregó a JOH y hoy enfrenta la humillación de ver cómo otra nación decide si su verdugo merece libertad.

 

Esta es la lección que América Latina debe aprender: un país que no juzga a sus criminales no es un país. Es un territorio administrado. La justicia que no se ejerce en casa no es justicia; es geopolítica. Y mientras las naciones latinoamericanas sigan creyendo que la salvación viene desde el norte, seguirán repitiendo la tragedia: soberanía entregada, justicia ilusoria y destinos escritos por otros.

 

He sostenido desde siempre que Honduras es el caso más extremo de América Latina: la periferia de la periferia, el punto más crítico en prácticamente todos los indicadores imaginables. Si hablamos de corrupción, Honduras ocupa un lugar particular. Si hablamos de pobreza, otra vez Honduras destaca como caso especial. Si mencionamos la desconfianza hacia las autoridades, Honduras vuelve a aparecer entre las poblaciones que menos creen en sus instituciones. Si hablamos del rechazo a la policía, Honduras figura nuevamente entre los países con mayor desconfianza de toda la región. En todo aquello que se pueda medir, institucionalidad, desarrollo, transparencia, cohesión social, Honduras se ubica en el extremo más deteriorado del continente. Sin embargo, existe una tendencia persistente a negar esta realidad. El país ha construido su identidad sobre una serie de dogmas liberales y sobre la imitación acrítica de modelos extranjeros, convirtiéndose quizás en el peor ejemplo de copia fallida de la modernidad y en un territorio que ha aprendido a negar, sistemáticamente, sus propias raíces.

La distancia entre el país imaginado y el país real no es simplemente un desajuste corregible: es, desde hace dos siglos, la estructura misma sobre la que se sostiene la vida hondureña. Honduras aprendió muy temprano a convivir con una especie de doble existencia: una realidad concreta erosionada por el abandono estatal, la pobreza persistente y el desorden institucional, y una narrativa que inventa un país paralelo para compensar esa imposibilidad de articular un proyecto nacional coherente. Esta disociación se volvió el mecanismo básico de supervivencia simbólica de la nación. En vez de mirar de frente su propia trayectoria histórica, Honduras la sustituye por un conjunto de ficciones, de relatos improvisados y de ilusiones mínimamente satisfactorias que funcionan como escudos psicológicos frente al vacío político y social acumulado desde la independencia.

En los primeros momentos republicanos, cuando las élites criollas intentaban armar la idea de un Estado sobre territorios dispersos, sin caminos, sin comunicaciones y sin cohesión social, ya se insinuaba el germen de este fenómeno. Se declaraba una república sin tener los instrumentos para sostenerla; se redactaban constituciones sin la mínima capacidad real de hacerlas cumplir; se asumía la existencia de instituciones que solo vivían en el papel. Honduras nació como una proclamación, no como una obra. Y esa característica fundacional, la sustitución del hacer por el decir, de la estructura por el gesto, quedó fijada en la matriz cultural que terminó configurando la identidad del país.

Desde ese origen frágil, lo hondureño se armó más con ilusiones que con experiencias, más con aspiraciones que con procesos. No se forjó como una identidad derivada de conflictos resueltos, de memoria compartida, de victorias y derrotas integradas en una narrativa común; se construyó, en cambio, como una colección de huecos rellenados con imitaciones externas. La nación hondureña se inventó a partir de lo que creía que debía ser una nación, no a partir de lo que ella misma era. De ahí la sensación permanente de que la identidad nacional flota sobre un terreno inestable: siempre está diciendo más de lo que puede demostrar, siempre está prometiendo más de lo que puede producir, siempre está intentando representar una modernidad a la que nunca tuvo acceso.

Por eso lo hondureño no se articula como el producto de una historia elaborada sino como una respuesta defensiva frente a esa historia. Frente al retraso, se fabrica un orgullo. Frente a la pobreza, se fabrica un mito. Frente a la desorganización, se fabrica un discurso. Frente a la falta de Estado, se fabrica una simbología patriótica. Y así, generación tras generación, el país fue construyendo una identidad que existe más en el terreno de lo imaginario que en el de lo vivido, una identidad que es al mismo tiempo un refugio y un obstáculo, una especie de caparazón narrativo que protege del dolor, pero impide transformar la realidad.

Esta artificialidad no se debe a que Honduras carezca de cultura, toda sociedad produce formas simbólicas, prácticas sociales, expresiones colectivas, sino a que la hondureñidad se constituyó principalmente como una manera de evitar la confrontación con el estado real del país. La cultura nacional ha sido moldeada más por la negación que por la afirmación: negar la precariedad estructural, negar la dependencia económica, negar la violencia histórica, negar el atraso institucional, negar la propia pequeñez geopolítica, negar el fracaso repetido en construir un proyecto común. En vez de asumir estas realidades para transformarlas, se les ha preferido envolver en discursos tranquilizadores que permiten sobrevivir simbólicamente sin resolver nada.

Así, a lo largo de dos siglos, Honduras no logró desarrollar una modernidad propia, sino que se convirtió en un espacio donde se imitan los signos externos de la modernidad sin sus cimientos. Se adoptan modelos educativos, económicos, jurídicos y políticos que no emergen de la experiencia hondureña, sino que se toman como copias, como estructuras prearmadas que se injertan en un terreno que nunca fue preparado para recibirlas. Y como ocurre con toda copia descontextualizada, estos injertos no arraigan: permanecen como fachadas, como instituciones aparentemente modernas que funcionan con lógicas premodernas, como discursos del siglo XXI aplicados sobre una realidad del siglo XIX. Honduras no está solo en la periferia de la modernidad: está en la periferia de la periferia, en un borde donde la modernidad llega en forma de imitación vacía, de modelo incompleto, de repetición inexacta.

Las formas culturales hondureñas se construyeron, por lo tanto, no sobre una elaboración profunda de la experiencia histórica, sino sobre la necesidad de llenar un vacío. Hay prácticas, pero no instituciones; hay costumbres, pero no proyecto; hay símbolos, pero no cohesión; hay palabras, pero no transformaciones. Lo hondureño existe, pero no se encarna completamente en la vida social. Es como si la identidad nacional estuviera siempre suspendida, siempre incompleta, siempre describiendo un país que no coincide con el país real. Una identidad que se vive más como un deseo íntimo que como un producto de la historia, más como un relato que como una experiencia compartida.

Esta distancia, lejos de corregirse, se profundiza con el tiempo. Honduras sigue siendo un territorio donde la ficción de la identidad pesa más que la realidad, donde el país imaginado funciona como un bálsamo emocional frente a la dureza de los datos, donde la ilusión nacional suplanta la responsabilidad colectiva. Lo hondureño se despliega entonces como una coreografía sin escenario, como un discurso sin estructura, como un gesto sin obra. Una identidad que intenta dar forma a un país que nunca ha logrado consolidar su propio fundamento.

Desde temprano, el hondureño sustituyó la institucionalidad con el caudillismo como mecanismo psicológico y político. La figura del caudillo no fue simplemente un personaje histórico; fue una arquitectura mental. En ausencia de un Estado funcional, el hondureño depositó su sentido de orden en el hombre fuerte, en el patrón carismático que promete salvar al pueblo de los desastres que él mismo, paradójicamente, reproduce. Esta dependencia emocional hacia el salvador externo creó una ciudadanía infantilizada, habituada a delegar su responsabilidad a figuras mesiánicas que prometen que “esta vez sí”, que “todo cambiará”, que “la historia empieza conmigo”. El resultado fue una colectividad que confundió liderazgo con tutelaje, autoridad con carisma, política con espectáculo, y progreso con expectativas incumplidas. Desde Morazán hasta los caudillos liberales, desde Tiburcio Carías hasta los liderazgos contemporáneos, la figura del caudillo operó como anestesia: una forma de evitar confrontar la realidad de un país que nunca logró consolidar institución alguna. El caudillo permite que la realidad permanezca suspendida, reemplazada por un relato perpetuo de salvación futura.

Honduras no es simplemente un país que quedó fuera de la modernidad; es algo más extraño: una copia fallida de la modernidad. No una modernidad periférica, sino la periferia de la periferia, un espacio donde las ideas modernas llegaron como manuales ajenos, como estructuras prestadas que jamás se adaptaron a las condiciones reales de la sociedad. Mientras otros países latinoamericanos, aun en crisis, desarrollaron instituciones medianamente funcionales o élites modernizadoras, Chile con su estructura fiscal, Costa Rica con su Estado social, México con su centralización, Argentina con su tradición cultural, Brasil con su industria, Honduras se quedó atrapada en un intento de imitar sin comprender. Copiaba modelos políticos que no podía sostener, modelos económicos que no podía implementar, y modelos culturales que no podía reproducir. Lo hondureño no evolucionó hacia una modernidad propia; ensayó versiones defectuosas de otras modernidades. El país se convirtió en un simulacro institucional, una república que existe más como forma jurídica que como experiencia vivida.

Este déficit estructural generó una idiosincrasia particular donde el hondureño, frente al fracaso repetido, optó por un autoengaño cómodo. Parte de este autoengaño se expresa en una creencia profundamente arraigada: la idea de que Honduras está “mejor” que países como Nicaragua, Cuba o Venezuela. Esta ilusión se sostiene a pesar de los datos que ubican a Honduras consistentemente entre los veinte países más pobres del mundo, más cerca de los indicadores de África subsahariana o de la Haití actual que de cualquier nación latinoamericana que el hondureño suele criticar. Esta comparación absurda revela la naturaleza defensiva del imaginario hondureño: el hondureño no evalúa su realidad, la niega. Cree que todos están igual o peor, porque aceptar que otros, incluso bajo sistemas hostiles o en crisis, logran avances que Honduras jamás ha alcanzado, es demasiado doloroso, demasiado disonante. En esa disonancia se produce la ficción necesaria para sobrevivir: creer que se está mejor donde no se está mejor, creer que los demás están peor, aunque no lo estén.

El hondureño se regodea en su propia crapulencia, en una especie de orgullo invertido que consiste en no reconocer la magnitud del atraso. La ideología dominante, sobre todo la liberal de la posguerra, alimentó esta narrativa con propaganda constante: que el hondureño es trabajador, tranquilo, feliz, que vive en un país bello, que todo lo malo es culpa de los políticos, que la gente es buena por naturaleza. Estas ideas funcionan como parches emocionales que ocultan la estructura profunda: Honduras es uno de los países más violentos, más desiguales, más corruptos, más atrasados del mundo. La supuesta “tranquilidad” hondureña es en realidad resignación. La supuesta “felicidad” hondureña es conformismo. Y la supuesta “bondad” hondureña es una narrativa infantilizada que evita confrontar la responsabilidad colectiva en la reproducción del sistema clientelar, del amiguismo, del dejar pasar, del no exigir, del aceptar lo mínimo como suficiente.

La cultura hondureña tampoco escapa a esta artificialidad. En vez de producir vanguardias, reproduce celebraciones de pequeñas excepciones: se aplaude cuando un hondureño logra algo en el extranjero, cuando un artista es reconocido afuera, cuando un profesional destaca en Estados Unidos o Europa. Es un país cuya autoestima depende casi exclusivamente del reconocimiento externo. Los periódicos celebran a bailarines, chefs, estudiantes o atletas que “ponen en alto el nombre del país” porque el país mismo no logra producir condiciones para que el éxito ocurra dentro de sus fronteras. Ningún hondureño alcanza grandeza dentro de Honduras; solo puede alcanzarla fuera. La cultura local se reduce a celebrar permisos, no logros; validaciones externas, no creaciones internas.

Incluso el fútbol, un espacio simbólico importante en la identidad hondureña, opera bajo la misma lógica de autoengaño. El hondureño se percibe como un país “futbolero”, competitivo, talentoso, cuando la evidencia muestra que la selección carece de logros relevantes y los clubes apenas compiten en su propia región. No es un problema de falta de pasión; es la misma estructura: se cree que se es grande sin serlo, se cree que se compite sin competir. El fútbol funciona como metáfora del país mismo: una identidad inflada sin sustento, un orgullo sin resultados, una narrativa sin realidad.

La economía hondureña también refleja esta artificialidad. El emprendedurismo , promovido como motor del país,  es una ilusión estadística: más del 80% de los emprendimientos fracasa en dos años. No porque los hondureños carezcan de capacidad, sino porque el entorno es estructuralmente incompatible con el éxito sostenido: no hay crédito accesible, no hay infraestructura suficiente, no hay Estado que proteja al pequeño empresario, no hay mercado interno fuerte, no hay políticas de innovación. El emprendedor hondureño no emprende en un ecosistema; emprende en un vacío. Por eso fracasa. Y la propaganda insiste en romantizar ese fracaso como esfuerzo individual, como mérito, como historia inspiradora que se repite sin analizar por qué todos tropiezan con las mismas paredes.

La suma de estos elementos revela una verdad más profunda: lo hondureño no ha logrado reconciliar su imagen con su realidad. La identidad nacional está construida sobre una serie de negaciones psicológicas, sobre ficciones colectivas necesarias para soportar un país que ha fallado sistemáticamente en generar bienestar, cohesión, proyecto y modernidad. Honduras vive atrapada en una fantasía de sí misma, una fantasía donde cree ser algo que no es, donde cree avanzar sin avanzar, donde cree compararse con naciones que la superan ampliamente. Es un país donde la narrativa sustituye a la experiencia, donde el mito reemplaza al dato, donde la ilusión es más llevadera que la verdad. Y mientras no se rompa con ese autoengaño, mientras no se acepte la realidad, Honduras seguirá siendo lo que ha sido durante dos siglos: una ficción política intentando sostenerse sobre un territorio real.

Fuentes:

·       Honduras, el país menos próspero de Centroamérica, según Índice de Prosperidad 2025

·       Índice de Percepción de Corrupción 2024

·       Rule of Law Index 2022 - Honduras

·       World Report 2025 - Honduras

·       OECD Public Governance Reviews: Honduras 2023

·       Pobreza y desigualdad en Honduras 2023–2024

·       Global Innovation Index 2025 - Honduras

 

La Unión Europea paga influencers, espía en redes sociales y controla la inteligencia artificial. Sí, no es broma. Mientras nos venden la idea de democracia, derechos humanos y libertad, la realidad es una burla monumental: un aparato institucional lleno de corrupción y opacidad que se mueve para proteger intereses ajenos a los ciudadanos.

Hace poco, Ursula von der Leyen anunció su propia célula de inteligencia. Independiente, secreta, sin rendir cuentas a nadie, y con capacidad para espiar donde quiera y a quien quiera. Según ellos, es “para defender la democracia”. La realidad es que es para defenderse a sí mismos, para asegurarse de que ninguna voz crítica moleste a la maquinaria que ha empobrecido a millones de europeos.

Porque no nos engañemos: la Unión Europea nunca fue una creación democrática. Nació como un proyecto de vencedores de guerra, Reino Unido y Estados Unidos, para someter a Europa continental, garantizar la influencia de sus corporaciones y mantener un control absoluto sobre los países que entraban en su órbita. Desde entonces, cada medida adoptada ha significado más deuda, más pobreza, menos oportunidades y menos libertad para los ciudadanos comunes, mientras BlackRock, Boeing, Lockheed Martin, las farmacéuticas y demás gigantes se frotan las manos.

Y ahora, a todo esto, le suman un ejército de influencers pagados con los impuestos del trabajador europeo. Sí, los mismos que vemos en YouTube, Instagram y TikTok alabando la narrativa oficial, defendiendo guerras, políticas energéticas absurdas y proyectos que enriquecen únicamente a las élites. Esto ya existía, pero ahora no es suficiente, porque la corrupción y la podredumbre del sistema son tan evidentes que requieren de una Gestapo moderna digital, un control absoluto de la información y la opinión pública.

Y la inteligencia artificial no es la salvación que nos venden. No estamos hablando de herramientas que ayudan a negocios o autónomos; estamos hablando de IA que manipula información, prioriza la narrativa oficial y borra la verdad. Que decide qué se considera “aceptable” y qué se considera “desinformación”. Que modela la opinión pública a favor de los intereses de las élites europeas y norteamericanas, mientras la mayoría de la población lo cree sin cuestionar. Según estudios, el 92% de los ciudadanos acepta lo que le dice una IA sin verificar los datos. Eso no es ingenuidad: es control absoluto de la percepción.

Mientras tanto, quienes se atreven a cuestionar esta situación de deterioro institucional están siendo objeto de ataques judiciales, criminalización y censura. Diversas voces críticas han sido llamadas a declarar ante jueces simplemente por señalar la subordinación de ciertos gobiernos europeos a élites económicas que, según denuncian, comprometen el futuro de las sociedades. Incluso los pocos canales que todavía analizan de forma crítica la realidad europea operan bajo una presión y una amenaza constantes.

No se equivoquen: esto no tiene que ver con entretenimiento, ni videojuegos, ni gatitos en TikTok. Lo que buscan es control total sobre cualquier discurso crítico, sobre cualquier voz que cuestione la corrupción y el saqueo de nuestras naciones. Porque mientras se distrae al público con memes, videos virales y “debates” irrelevantes, la élite controla la energía, la economía, las industrias, y decide quién vive en pobreza y quién en abundancia.

La UE ha dejado de ser un proyecto europeo para convertirse en una maquinaria de control global, un sistema donde los ciudadanos somos simples peones. Y ahora, con la IA y un ejército de influencers, la manipulación será aún más eficiente: cada opinión disidente será acallada, cada hecho incómodo será reinterpretado, y cada voz crítica será marginada o criminalizada.

Los impuestos de la población financian la propaganda de quienes ejercen el poder sobre ella. La inteligencia artificial no se utiliza para informar, sino para mantener a la sociedad sumisa, distraída y obediente. Mientras algunos aún creen vivir en la democracia más avanzada del mundo, la realidad muestra que la libertad plena nunca ha sido una experiencia alcanzada.

Para quien aún tenga dudas, basta observar el entorno inmediato: fábricas que cierran, zonas rurales que se despueblan, precios en aumento, salarios estancados y una capacidad de decisión colectiva que parece disminuir cada vez más. En paralelo, determinados sectores de poder dentro de Europa trabajan para que la narrativa oficial se mantenga como la única válida, promoviendo la idea de un sistema justo cuando, según numerosas voces críticas, se trata de una estructura orientada al control y la explotación. 

Según diversas voces críticas, la Unión Europea destina recursos a influenciadores, ejerce vigilancia, orienta el uso de la inteligencia artificial, controla la narrativa pública y financia estructuras de defensa con el objetivo de mantener a la población en una posición de docilidad. Todo ello mientras se proyecta la imagen de libertad y prosperidad. Estas críticas advierten que, si no se genera un mayor nivel de conciencia ciudadana, el futuro podría alejarse de la democracia y la libertad para acercarse a formas más profundas de control social y psicológico. Bajo este esquema, las denominadas libertades democráticas y el liberalismo se convierten más en un discurso que en una realidad efectiva, sirviendo principalmente para legitimar estructuras de poder y mantener la ilusión de autonomía ciudadana mientras se consolida un control cada vez más sutil pero omnipresente.

Fuentes:

Bruselas trata de seducir a los influencers para frenar la desinformación frente a injerencias extranjeras - El País

Supporting a trustworthy social media sphere for young Europeans - Comisión Europea - Digital Strategy

EU funding €5 million to strengthen media literacy and resilience to disinformation - Comisión Europea - Digital Strategy

Information manipulation and misinformation - Comisión Europea - Civil Protection & Humanitarian Aid

Artificial Intelligence Act (Regulation EU/2024/1689) - Wikipedia

European Artificial Intelligence Office - Wikipedia

 

 

Hay que hacer un esfuerzo monumental, o una pirueta de cinismo, para seguir repitiendo que la OTAN es un “tratado de defensa”. Solo quien decide no ver, o quien se beneficia de la ceguera, puede ignorar que la alianza nació antes del Pacto de Varsovia y no como reacción a una amenaza soviética inminente, sino para fijar la geografía del miedo y petrificar a Europa en una división que justificara la presencia militar estadounidense. La Guerra Fría terminó, pero la OTAN no: lejos de disolverse, se expandió como todo aparato cuya función real no es la seguridad, sino la administración del conflicto.

Desde entonces, cada intervención, cada ampliación, cada crisis “gestionada” ha reproducido un patrón demasiado evidente para pasar por accidente: donde la OTAN dice traer estabilidad, deja ruinas; donde promete protección, instala dependencias; donde declara defender la paz, prepara el terreno para nuevas guerras. Su continuidad no responde a un mundo más peligroso, sino a la necesidad de preservar una arquitectura de poder en la que Europa actúa como cliente obediente y Estados Unidos como acreedor armado.

Por eso hablar de la OTAN como garante de seguridad es una ficción que ha sobrevivido únicamente porque conviene: es el brazo militar del orden financiero global, el instrumento con el que Washington disciplina aliados, redefine enemigos y convierte la geopolítica en un mercado donde la guerra es inversión y la destrucción, oportunidad. No es un escudo: es un dispositivo de control cuya existencia depende de que el mundo nunca deje de arder.

Fundación: el mito de la defensa y la geografía del miedo

El 4 de abril de 1949, doce estados firmaron en Washington el Tratado del Atlántico Norte. El artículo 5 , la promesa de defensa colectiva,  se convirtió en el mantra que justificaría setenta años de expansionismo. Pero el texto fundacional ya ocultaba una paradoja: se presentaba como escudo defensivo mientras su arquitectura respondía a una lógica ofensiva de contención geopolítica.

La génesis real de la OTAN no fue la respuesta a una invasión soviética inminente, que nunca existió, , sino la necesidad de estabilizar un orden europeo tras la guerra que garantizara los intereses estadounidenses. La Unión Soviética, exhausta tras la Segunda Guerra Mundial, había desmantelado el 60 % de su capacidad militar entre 1945 y 1948. El Plan Marshall, por su parte, exigía a los receptores europeos la apertura de mercados y la exclusión de partidos comunistas de los gobiernos. La OTAN fue, en este sentido, el brazo armado de una condicionalidad económica: la seguridad como forma de disciplina política.

La negativa a la propuesta de Stalin de 1952, una Alemania reunificada, neutral y desmilitarizada, revela que la alianza ya había apostado por la división permanente del continente. La incorporación de la República Federal Alemana en 1955 no fue una mera ampliación: fue la consolidación de un Estado satélite cuya función era ser la primera línea de un conflicto que se anticipaba nuclear. El Pacto de Varsovia, creado ese mismo año, no fue la causa sino la consecuencia de una escalada que la OTAN había iniciado.

 La continuidad del nazismo: continuidad institucional y legitimación epistémica

La reintegración de los cuadros militares nazis en la estructura de la OTAN no fue un accidente ni una excepción moral: fue una lógica de expertise. Adolf Heusinger, jefe de operaciones del OKH (Alto Mando del Ejército) durante la planificación de la invasión de la URSS, pasó a ser jefe del Estado Mayor de la Bundeswehr y luego presidente del Comité Militar de la OTAN (1961-1964). Su ascenso no fue un caso aislado de laxitud moral: fue la expresión de una continuidad estratégica. El conocimiento militar nazi, sobre todo en operaciones de contrainsurgencia y guerra antisoviética, era un capital que la OTAN necesitaba.

Johannes Steinhof, Hans Speidel, Ernst Ferber, Karl Schnell: todos ellos condecorados por el Tercer Reich, todos ellos condecorados por la alianza atlántica. La Cruz de Hierro nazi se convirtió en un curriculum vitae para la carrera militar en la OTAN. Esta continuidad no solo fue institucional: fue epistémica. Los manuales de contra-guerrilla de la OTAN en los años 50 y 60 reproducían tácticas desarrolladas por las SS en Yugoslavia y en el Frente Oriental: la Bandenbekämpfung (lucha contra bandas) se tradujo literalmente en las doctrinas de counter-insurgency que luego se aplicarían en Vietnam, Afganistán e Irak.

Operación Gladio: el Estado paralelo de la Guerra Fría

La creación de las Stay Behind , redes paramilitares secretas en todos los países miembros,  formalizó lo que ya era una práctica: el uso de la violencia fascista como instrumento de seguridad interna. Gladio no fue una red de resistencia ante una invasión soviética: fue un mecanismo de desestabilización preventiva contra la izquierda electoral.

En Italia, la Gladio, bajo supervisión directa de la CIA y la OTAN, financió a grupos como Ordine Nuovo y Avanguardia Nazionale. Los atentados de Piazza Fontana (1969), Peteano (1972) y Bolonia (1980) fueron operaciones de tensión estratégica: crear un clima de caos que justificara la represión legal de los partidos comunistas. La declaración de Vincenzo Vinciguerra , condenado por el atentado de Peteano,  ante el juez Casson en 1984 reveló que el objetivo era forzar a la población a reclamar un orden fuerte.

La desclasificación de documentos de la CIA en 2006 confirmó que la red incluía a exmiembros de las SS como Heinrich Hofmann y Hans Rues. La OTAN, por su parte, nunca ha abierto sus archivos. El secretario general Manfred Wörner admitió en 1990 la coordinación de Gladio, pero no su responsabilidad operativa. La distinción es jurídicamente irreprochable y políticamente cómplice.

 La hegemonía estadounidense: el 70 % y el derecho de veto financiero

La estructura de financiación de la OTAN revela un desequilibrio que invalida la retórica del consenso. Estados Unidos aporta el 69,3 % del presupuesto militar de la alianza. Esto no solo determina la tecnología empleada, los sistemas de mando y control son todos estadounidenses, sino también la agenda política. El compromiso de Gales (2014) , que exige un 2 % del PIB en defensa,  fue impuesto por Washington para compensar su propia sobre-representación.

El derecho de veto no existe en el Consejo del Atlántico Norte, pero el derecho de pago sí. El riesgo de abstenerse cuando se es el principal contribuyente es económico y estratégico. Todos los comandantes supremos aliados (SACEUR) han sido estadounidenses. Todos. Esto convierte a la OTAN en una alianza militar unipolar con banderas decorativas.

 Post-Guerra Fría: la búsqueda de enemigos y la expansión permanente

La disolución del Pacto de Varsovia en 1991 dejó a la OTAN sin justificación existencial. La respuesta fue expandirse hacia el este, violando las garantías verbales dadas a Gorbachov en 1990, y buscar conflictos periféricos. La intervención en Yugoslavia (1995-1999) fue el laboratorio de esta nueva fase: bombardeos humanitarios sin mandato de la ONU, uranio empobrecido como regalo civilizatorio, y bases militares permanentes cerca de los oleoductos del Caspio.

El bombardeo de Yugoslavia (78 días en 1999) fue la primera guerra de la OTAN sin resolución del Consejo de Seguridad. La excusa, la masacre de Racak, fue investigada posteriormente por los forenses finlandeses del Tribunal de La Haya, que no encontraron evidencia de ejecución sistemática. Pero para entonces, Camp Bondsteel ya era una realidad: la mayor base militar estadounidense en Europa, construida sobre territorio serbio sin tratado de estatuto de fuerzas (SOFA).

 Afganistán e Irak: la privatización de la derrota

La invasión de Afganistán (2001) , sin prueba alguna de vinculación entre los talibanes y el 11-S,  fue asumida por la OTAN en 2003 con la ISAF. El resultado tras 20 años: 10.000 civiles muertos (cifra oficial), 90.000 según Wikileaks, y el regreso de los talibanes al poder. El nation building se tradujo en la restauración del cultivo de opio, pasó del 12 % del PIB en 2001 al 63 % en 2018, y en la consolidación de una élite corrupta que huyó con helicópteros llenos de dólares.

Irak (2003) fue la guerra ilegal que dividió a la alianza. Francia, Alemania y Bélgica se opusieron. Pero un año después, la OTAN asumió la formación de las fuerzas de seguridad iraquíes, legitimando a posteriori una invasión basada en evidencias falsificadas. El resultado: un Estado fallido, 600.000 muertos según The Lancet, y el ascenso del ISIS.

Libia: la responsabilidad de proteger como máscara del saqueo

La intervención en Libia (2011) bajo la Resolución 1973 de la ONU, zonas de exclusión aérea, se convirtió en 9.700 bombardeos selectivos y el asesinato de Gaddafi. La OTAN no tuvo tropas en tierra, formalmente, pero sus fuerzas especiales coordinaron a los rebeldes. El resultado: un país dividido en tres, mercados de esclavos en las afueras de Trípoli, y el control francés sobre el uranio nigerino que abastece a las centrales francesas.

 Ucrania: la expansión que no debía nombrarse

La promesa de no expandirse ni una pulgada hacia el este, documentada por los archivos de la reunión Baker-Gorbachov de 1990, fue violada en cinco oleadas (1999, 2004, 2009, 2017, 2020). La adhesión de Finlandia (2023) convierte el Mar Báltico en un lago OTAN.

La guerra en Ucrania no es causada por la OTAN, pero es facilitada por su política de puerta abierta. El Memorandum de Budapest (1994) , que garantizaba la integridad territorial ucraniana a cambio de renunciar al arsenal nuclear,  fue violado por la anexión rusa de Crimea (2014) y por el apoyo no formal de la OTAN a la incorporación de Ucrania. El resultado: un conflicto proxy que ha generado récord de ventas de armas estadounidenses, $40.000 millones en 2022, y la energización de la alianza que, en 2019, fue declarada obsoleta por el propio Trump.

 La paz como horizonte crítico

La OTAN no es el mal: es el administrador elegante del desorden que ella misma provoca, una corporación geopolítica que vende “seguridad” del mismo modo que una farmacéutica vende tratamientos para enfermedades que nunca piensa curar. Su historia es una cadena de intervenciones maquilladas, amenazas convertidas en dogma y una expansión que solo se detiene cuando ya no queda nada que devorar. Llamarlo “alianza defensiva” es un insulto incluso para la mentira.

Pretender desmantelarla sería un acto de inocencia suicida, pero arrancarle la máscara es, por lo menos, un deber de higiene intelectual. Porque lo que hay detrás no es un faro democrático, sino una gerencia militar del capitalismo financiero, un mecanismo que convierte países enteros en peones descartables y que exige lealtad a cambio de sumisión. Europa no es un aliado: es un cliente cautivo. Y Washington no protege: administra, condiciona y castiga.

Hablar de paz bajo este esquema es casi obsceno. La OTAN necesita enemigos como un adicto su dosis: sin ellos, se derrumba, pierde presupuesto, pierde narrativa, pierde sentido. Por eso su idea de “estabilidad” es siempre la misma: militarizar el problema para vender la solución.

Mientras esta estructura siga confundiendo seguridad con obediencia y orden con ocupación, la paz no será un horizonte: será un chiste cruel contado por quienes jamás arriesgan nada.

Y seguir llamando a todo esto “defensa” no es geopolítica: es complicidad disfrazada de seriedad.

Fuente:

Turbiville, G. (2006). Operation Gladio: The CIA and the Strategy of Tension in Italy.

Ganser, D. (2005). NATO’s Secret Armies: Operation Gladio and Terrorism in Western Europe.

Chomsky, N. (1999). The New Military Humanism: Lessons from Kosovo.

Mearsheimer, J. (2014). Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault. Foreign Affairs.

SIPRI Yearbook (2023). Military Expenditure and Arms Transfers.

 

El reciente regreso de ANTIFA al centro del conflicto político estadounidense no puede interpretarse como un hecho aislado ni como un brote espontáneo de activismo radical. Los incidentes en Berkeley durante el homenaje a Charlie Kirk ilustran un patrón que se ha consolidado en los últimos meses: un movimiento descentralizado que reaparece cada vez que el clima ideológico se tensa y termina convirtiéndose indirectamente en un barómetro del declive de la administración Trump.

La protesta en un campus como Berkeley, históricamente cargado de simbolismo político, confirma que las tensiones no han disminuido desde 2020; por el contrario, han evolucionado hacia una confrontación que combina dimensiones discursivas, performativas y de resistencia callejera.

Tras estos incidentes, la reacción del gobierno fue inmediata y previsible: reafirmar la narrativa de ANTIFA como una amenaza terrorista nacional. Esto coincide con la decisión de Trump, a finales de 2025, de designar formalmente a ANTIFA como "organización terrorista nacional", una medida con un enorme peso simbólico, pero de escasa viabilidad legal, dado que Estados Unidos carece de un mecanismo legal claro para clasificar a los grupos nacionales bajo esa categoría.

La orden ejecutiva terminó funcionando más como un recurso político que como una herramienta operativa real, pero aún así consolidó la idea del movimiento como un enemigo estructural del Estado y amplificó la percepción de que existe una amenaza organizada que justifica una retórica confrontativa.

Aunque esta clasificación carece de fuerza legal y opera principalmente como un instrumento político, su efecto es significativo. Reafirma la existencia de un "enemigo interno" en un momento en que el gobierno enfrenta problemas con sectores clave de su propia base electoral.

Desde el incumplimiento de las promesas de la agenda 2024 hasta el creciente desencanto de la Generación Z, el gobierno necesita un actor que simbolice la desestabilización, y ANTIFA, con su naturaleza difusa y su estética confrontativa, encaja perfectamente en ese papel.

El resurgimiento de este movimiento no se explica únicamente por la dinámica de la protesta, sino también por el contexto social que lo alimenta. La frustración generalizada por el estancamiento económico, la precariedad laboral entre los jóvenes, la erosión de la confianza en las instituciones y los retrocesos en las políticas climáticas y sociales constituyen un caldo de cultivo que favorece la reactivación de expresiones radicales.

La sensación generalizada de que el gobierno responde con dureza simbólica pero poca eficacia práctica intensifica la percepción de abandono entre amplios sectores de la población. En este contexto, un movimiento descentralizado como ANTIFA encuentra eco, que no depende de estructuras orgánicas, sino de la acumulación de resentimiento social.

El punto más revelador es la inclinación de la administración Trump a centrar su energía política en el escenario internacional mientras los problemas internos se agravan. La proliferación de intervenciones, declaraciones y gestos diplomáticos, muchos de ellos sin resultados visibles, crea una impresión de hiperactividad en la política exterior que contrasta con la escasa atención prestada a la creciente polarización interna. Esta desconexión entre las prioridades gubernamentales y las necesidades internas no solo crea un vacío que la protesta radical aprovecha, sino que también refuerza el argumento de que el gobierno no está abordando las fracturas estructurales del país.

Desde una perspectiva estratégica, esta combinación es particularmente peligrosa. Al centrarse en los enemigos externos mientras amplifica la retórica contra el "enemigo interno", la administración termina reforzando a los mismos actores que busca desactivar. Cada vez que la Casa Blanca menciona a ANTIFA como una amenaza, el movimiento gana visibilidad, legitimidad simbólica y capacidad de movilización.

La demonización constante alimenta una dinámica de escalada: el gobierno necesita señalar a un responsable del desorden, mientras que los grupos radicales encuentran en esa visibilidad un espacio para intensificar sus acciones. La confrontación deja de ser táctica y se vuelve estructural.

Con el horizonte de 2026 en mente, no es improbable que ANTIFA, o más precisamente, las expresiones autónomas que adoptan su estética y narrativa, desempeñen un papel equivalente al que se le atribuyó en 2020. No por una coordinación organizada ni una estrategia nacional centralizada, sino porque las condiciones sociopolíticas se están alineando de nuevo de forma similar: polarización extrema, erosión institucional, desencanto juvenil, problemas económicos sin resolver y una administración que prioriza la política exterior sobre la política interior. En un país donde la narrativa de la confrontación se ha convertido en el principal motor de la movilización, cualquier incidente, por pequeño que sea, puede escalar en intensidad y cobertura mediática.

La principal preocupación reside en la creciente fragilidad institucional. El uso de etiquetas como "terrorismo doméstico", la respuesta reactiva a las protestas, el uso político del desorden y la falta de estrategias de desescalada apuntan a un profundo deterioro del espacio democrático. La proliferación de discursos que presentan a la oposición radical como una amenaza existencial crea un entorno en el que se rompen los puentes políticos y la respuesta del Estado se vuelve cada vez más punitiva.

Esta erosión, sumada al vacío de liderazgo interno causado por el desequilibrio entre las prioridades internas y externas, abre la posibilidad de que la tensión social continúe, e incluso se intensifique, en los próximos meses.

En este escenario, ANTIFA no aparece como la causa, sino como la evidencia visible de un problema más amplio: la incapacidad del gobierno para gestionar simultáneamente sus frentes externo e interno. Cada episodio de protesta, cada respuesta desproporcionada y cada omisión en la política interna refuerza la percepción de que el país se encamina hacia la confrontación, donde las soluciones estructurales se relegan en favor de la retórica y la polarización. Esta dinámica confirma que el resurgimiento de ANTIFA no es un fenómeno aislado, sino un síntoma de un sistema político que continúa reproduciendo las mismas condiciones que alimentan el conflicto.

 

A Asia le bastó un cierto régimen de tiempo para entender que la palabra “Occidente” se escribe con la misma pluma con la que se firman órdenes de bombardeo. Cuando los británicos descuartizaron la India, cuando los franceses torturaron en Argelia, cuando los estadounidenses redujeron Hiroshima y Nagasaki a siluetas de sombra, los pueblos del este aprendieron la lección esencial: el colonialismo no cumple tratados; cumple amenazas. Por eso Pekín, Nueva Delhi, Islamabad y Pyongyang gastaron hambre, ciencia y presupuesto en una ecuación brutalmente simple: sin neutrones propios, no hay vecindad segura. Levantaron sus arsenales con la misma frialdad con la que quien vive en un barrio peligroso instala un cerrojo: no por gusto, sino porque ya le entraron una vez por la ventana.

Y entonces aparece América Latina, contorsionista moral, orgullosa de haberse atado las manos. El Tratado de Tlatelolco, esa «acta de pureza» firmada en 1967, terminó siendo nuestro certificado de esterilidad nuclear: un documento que celebra la impotencia como si fuera virtud. Lo mostramos con el entusiasmo de un condenado que presume que su soga es de cáñamo ecológico. Mientras tanto, el único Estado que ha vaporizado civiles patrulla nuestros mares con submarinos atómicos, como quien deja un fusil descaradamente sobre la mesa del vecino. Estados Unidos no necesita lanzar bombas sobre la región; basta con que sepamos que puede hacerlo y que nosotros, por “principio”, jamás podremos responder.

La lógica es perversa: cuanto más blando el blanco, más tentador el disparo. Por eso nadie juega a provocar a Corea del Norte: allá el precio de un error es un intercambio termonuclear. Aquí, en cambio, continuamos explicándole al mundo que somos “un continente de paz”, como si la paz fuera una medalla al mérito y no un subproducto de la disuasión. Tlatelolco no es un escudo: es una venda que nos cubre los ojos mientras el verdugo afila el hacha. Firmarlo fue firmar nuestra propia indefensión: “No disparen, somos inofensivos”. Y aun así llegan los disparos: bloqueos, bases, golpes, deudas, drones. La virtud no nos ha salvado de nada; solo nos ha evitado pagar por un arma que nunca nos habrían permitido usar.

Romper Tlatelolco no es un arrebato nuclear. Es dejar de ser el único continente que paga entrada para asistir, disciplinado y desarmado, a su propio funeral.

Compartir frontera con Estados Unidos no es solo una cuestión geográfica: es convivir con un modelo de poder que ha demostrado, una y otra vez, que no dudará en usar la fuerza extrema cuando sus intereses lo requieran. La línea que separa a México de su vecino del norte no solo divide dos países: marca el límite entre dos formas de entender el mundo, dos lógicas de poder, dos concepciones de la vida y la muerte. Al sur, una civilización que ha construido su identidad sobre el diálogo, la mezcla, la búsqueda de equilibrios. Al norte, una maquinaria que ha sistematizado la violencia, que ha convertido la guerra en una extensión de su control generando un caos permanente y que, en más de una ocasión, ha considerado la aniquilación masiva como una opción viable.

 

Resulta ingenuo, por no decir peligrosamente ingenuo, creer que América Latina puede mantenerse desnuclearizada en un mundo donde el único país que ha utilizado armas atómicas contra población civil sigue reservándose el derecho de volver a hacerlo. Dos ciudades japonesas, dos días, dos bombas: ese es el legado nuclear de Estados Unidos. Pero el plan no terminó ahí. Durante la guerra de Corea, el general MacArthur contempló seriamente el uso de armas nucleares en la frontera china, con el objetivo explícito de crear una herida demográfica irreversible. No fue la compasión lo que detuvo el plan, sino el cálculo político. La lección es clara: cuando se trata de proteger sus intereses, el establishment anglosajón no se detiene ante nada.

Recientemente, el presidente de Kazajistán ha vuelto a repetir el mantra liberal de que el poder nuclear no genera seguridad. Un discurso que huele demasiado a atlantismo, demasiado a consignas occidentales que conviene a quienes ya poseen el arma atómica. Putin, con su habitual sutilidad, le recordó la suerte de Saddam Hussein: un líder que también confió en su desnuclearización como garantía de paz y terminó con su país fragmentado, saqueado y sumido en el caos. La ironía es brutal: siempre que Estados Unidos acusa a un país de tener armas nucleares, ese país resulta ser el más fácil de invadir. Curioso, ¿no? Nunca intentan lo mismo con Corea del Norte. Claro: Corea del Norte sí tiene bombas atómicas.

La reciente escalada de doce días entre Israel e Irán vuelve a ilustrar la lección. Irán fue atacado precisamente porque no tenía armas nucleares y porque, según los servicios de inteligencia, tampoco tenía planes serios para desarrollarlas. Israel, que posee un arsenal nuclear no declarado que nadie investiga, no usó esas armas. ¿Por qué? Porque Pakistán, otro poseedor nuclear, advirtió que protegería a Irán. El mensaje es inconfundible: el poder nuclear no es garantía de seguridad para quien ya lo tiene; es garantía de supervivencia para quien aún no lo posee.

Imaginen si la Unión Soviética no hubiera desarrollado la bomba atómica. La OTAN, llena de ex nazis en sus filas, no habría dudado en volver a cruzar Europa Oriental para destruir al gigante rojo. Habríamos tenido la Tercera Guerra Mundial hace décadas. Los estados asiáticos se nuclearizaron sin miramientos porque fue en su propio patio donde se detonó el único holocausto atómico de la historia; la cicatriz sigue abierta y convierte a Japón, todavía bajo ocupación y bases extranjeras, en un recordatorio ambulante de lo que ocurre cuando se confía en el pudor de quien posee el fuego. En la región nadie se fía de nadie: Seúl teme a Tokio, Tokio teme a Pekín, todos temen a Washington y cada uno sabe que, sin el paraguas atómico, la “protección” occidental se traduce en indefensión. Por eso la bomba es el pasaporte al respeto: garantiza que el diálogo sea entre iguales y no entre verdugo y víctima. Gaza fue la demostración práctica: Israel arrasó un enclave desarmado mientras París, Londres y Washington blindaron al agresor , o, peor aún, le regalaron un silencio cómplice, , y una vez más todos los protagonistas de la impunidad resultan ser potencias nucleares.; vistas las cenizas, Riad no dudó en solicitar a Pakistán un “préstamo” de ojivas bajo la mesa. Tokio, por su parte, se agarra al tratado con quien lo incineró porque comprende que su seguridad ya no depende de constituciones pacifistas sino de la disuasión que observa, con mezcla de alarma y envidia, en el arsenal norcoreano, chino, indio y pakistaní. Desde el Bósforo hasta el Golfo, la conclusión es la misma: quien no quiere ser la próxima estadística de destrucción debe tener su propia estadística de lanzamiento.

América Latina comparte frontera con la potencia que ya demostró su disposición a usar armas nucleares contra civiles. Continuar creyendo en la desnuclearización como virtud no es pacifismo: es suicidio colectivo. Ante este panorama, la tesis de que América Latina debe permanecer desnuclearizada deja de ser una postura moral para convertirse en un acto de autoengaño colectivo. No se trata de desear la guerra, sino de entender que la paz no se construye con buenas intenciones, sino con capacidad de disuasión. La historia demuestra que los desarmados no son respetados: son administrados. Los que renuncian a su poder de disuasión no obtienen seguridad: obtienen permisos condicionales para existir.

América Latina no necesita bombas para usarlas: necesita bombas para que nunca las usen contra ella. No se trata de emular al monstruo, sino de garantizar que el monstruo piense dos veces antes de atacar. La desnuclearización unilateral no es un acto de paz: es un acto de entrega. Es entregarle al otro la llave de nuestra supervivencia, confiando en que su criterio moral será suficiente para protegernos. Esa confianza resulta, cuando menos, imprudente.

La verdadera estupidez no es considerar el poder nuclear como opción: es creer que renunciar a él nos hace más seguros. La verdadera idiotez no es pensar en la disuasión: es creer que nuestra buena voluntad nos protegerá de su ausencia. La verdadera pendejada histórica no es contemplar el poder nuclear: es creer que la impotencia es una virtud.

América Latina debe repensar su relación con el poder nuclear, no como aspiración imperial, sino como garantía de soberanía. No para dominar, sino para no ser dominada. No para atacar, sino para asegurar que nadie nos ataque sin pagar un precio que disuada. En un mundo donde la violencia extrema sigue siendo una herramienta de política exterior, la desnuclearización no es un acto de paz: es un acto de desarme unilateral ante quien ha demostrado que no dudará en usar la máxima violencia.

El futuro de nuestra civilización latinoamericana no puede depender de la buena voluntad de quien ha convertido la guerra en industria. Necesitamos capacidad de disuasión. Necesitamos garantías de supervivencia. Necesitamos asegurar que nuestra cultura de vida no quede a merced de su cultura de destrucción. La paz no se construye con ingenuidad: se construye con equilibrio de poder. Y ese equilibrio, en el mundo actual, pasa por la capacidad nuclear.

He visto de cerca lo que pasa cuando el mal encuentra un rival sin dientes: lo despedaza. En América Latina nos sobra discurso, moralina, liberalismo, humanismo barato, europeísmo de pacotilla, pero nos falta lo único que importa: la capacidad de hacer sangrar al que nos quiera aplastar. Aquí la disuasión es un concepto de universidad, no una realidad de cuarteles. Nos llenamos la boca de soberanía mientras agitamos tratados sin punta y ejércitos que no resistirían ni una semana contra quien tenga ganas de pasar la factura.

¿Soberanía? ¿Independencia? Son palabras huecas si detrás no hay un silo capaz de convertir la arrogancia del agresor en ceniza. Sin eso no eres país, pasas a ser una concesión. No eres ningún Estado, eres la reserva moral donde el poderoso viene a limpiarse la conciencia antes de seguir matando. Nos gastamos millones en uniformes para desfiles y en avioncitos que sirven de blanco; al final ni siquiera podemos defender un aeropuerto sin pedir permiso. ¿Pacíficos? Sí, pacíficos porque no tenemos alternativa: desarmados por propia voluntad, reducidos a mendigar que no nos toquen demasiado fuerte.

Las bombas nucleares no son un símbolo: son el último argumento. Sirven para lo que sirven: para que al otro le tiemble el pulso antes de decidir por ti, para garantizar que borrarte del mapa le cueste su propia existencia. Mientras tanto, seguimos aquí, aplaudiendo un pacifismo que no protege ni un misero árbol, predicando abrazos al enemigo que ya tiene el dedo en el gatillo. Yo no firmo esa sentencia. No confío, ni un segundo, mi vida ni la de los míos a quien ya nos ha demostrado, una y otra vez, que nuestra muerte le sale barata.