El caso de las ZEDE en Honduras debería tener a toda América Latina, y a buena parte del mundo, observando con el mismo cuidado con el que se vigila una fisura en un reactor nuclear. No porque las ZEDE representen un avance histórico, sino precisamente porque podrían escalar en la dirección contraria: convertirse en el experimento piloto de unas feudoutopías tecnoliberales que se disfrazan de innovación mientras reproducen los viejos contubernios del poder monetario anglosajón y los intereses corporativos de Bruselas y Europa Occidental. A estas alturas, la pregunta no es qué prometen, sino hasta dónde están dispuestas a llegar si nadie las detiene.

Próspera, la joya autoproclamada de este evangelio libertario, se presenta como “punta de lanza de la innovación”. Innovación, dicen, mientras operan en un país del Sur global donde ni siquiera garantizan planta de tratamiento de aguas residuales. Futuro, proclaman, mientras tercerizan la seguridad, privatizan la ley y venden gobernanza como si fuera un paquete turístico. Es un modelo tan precario que uno se pregunta si es realmente un proyecto económico o una puesta en escena para impresionar influencers fascinados por la excentricidad tropical del “país bananero” convertido en maqueta ideológica.

Porque si hablamos seriamente de innovación, innovación real, civilizatoria, transformadora, habría que mirar hacia otro lado. Hacia las universidades de China, hacia los parques científicos donde se desarrolla biotecnología de frontera, inteligencia artificial aplicada, infraestructura cuántica, manufactura avanzada y tecnologías que moldearán el siglo XXI. Allí está el futuro. No en un experimento de gobernanza privada incubado en un país precarizado, dirigido por tecnoutopistas de presupuesto limitado que juegan a ser arquitectos del mañana mientras construyen lo más parecido a un feudo digital del siglo XIX.

Y ese es precisamente el problema: que estas iniciativas, lejos de ser laboratorios del porvenir, son fantasías adolescentes con capital, proyectos que apelan a la estética del futuro, pero se sostienen con las lógicas del enclave colonial. Por eso las ZEDE deben observarse con atención quirúrgica: porque lo que hoy parece un capricho seudotecnológico puede convertirse mañana en una arquitectura política diseñada para desmantelar Estados desde adentro y reconfigurar territorios enteros al servicio de minorías económicas sin responsabilidad pública.

Honduras es el primer escenario. Sería ingenuo creer que será el último.

Honduras no abrió la puerta a la modernidad: cavó una zanja, le echó cal encima y la bautizó “futuro”. Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, ZEDE, no irrumpieron como una extravagancia tropical; fueron concebidas en laboratorios ideológicos donde la palabra “Estado” es un insulto y “soberanía” un trámite prescindible. La coreografía es conocida: sociedades registradas en Delaware, asesorías importadas de Silicon Valley y el viejo sueño colonial envuelto en celofán neoliberal. Lo que antes se llamaba enclave bananero hoy se viste de “hub de innovación”, como si el cambio semántico borrara el olor a codicia que se respira desde Puerto Cortés hasta Crawfish Rock. La constante es inamovible: tierra barata, leyes a pedido, trabajadores convertidos en variable desechable y un Estado que firma su propia acta de defunción con una sonrisa tecnocrática.

En Choloma, el absurdo se materializa con formas de urbanización barata y discursos de libertad empresarial. Ciudad Morazán, esa ZEDE que parece urbanización de maquila con pretensiones de república soberana, es un parque industrial con residencias de catálogo y un “gobernador” que nadie eligió, pero que insiste en pronunciarse como si administrara un país y no una maqueta en pausa. Dentro viven 285 personas; fuera, 250 mil observan la caricatura de progreso que les venden. El principal inversionista, Massimo Massone, controla la operación desde la distancia cómoda de Tegucigalpa. No vive en la ciudad que publicita como paraíso porque “aún falta desarrollo”; una sinceridad tan transparente que desnuda el truco entero: el experimento está diseñado para quienes pueden explotarlo, no para quienes tendrían que vivirlo. Con alquileres de 140 dólares en un municipio donde la mayoría gana menos de la mitad del salario mínimo, Ciudad Morazán no es un proyecto urbano: es un recordatorio de que la matemática del privilegio no admite decimales humanos.

El verdadero laboratorio del despojo está en Roatán, donde Próspera opera como si Honduras fuera un borrón administrativo. Allí la ZEDE no construye para hondureños, sino contra ellos. Se apropia de 58 hectáreas en Crawfish Rock y expande su control hacia Pristine Bay con la eficiencia de una empresa que sabe que el Estado local no es un contrapeso, sino un adorno. Torres de doce pisos sobresalen como cicatrices entre manglares mutilados, y mientras los inversionistas hablan de “ciudad inteligente”, los pobladores repiten un eslogan más honesto: “el país de ellos”. En Próspera, el visitante debe firmar un NDA para entrar o pagar un Airbnb para poder grabar un video del interior del proyecto; una paradoja hilarante para una jurisdicción que presume transparencia. Afuera, un guardia explica que “la ley aquí es otra”: tribunales arbitrales en inglés, impuestos simbólicos, exoneraciones totales y la facultad de contratar mano de obra sin seguridad social. Esa mano de obra cuesta 115 dólares cada diez días y se rompe la espalda cargando materiales mientras los fundadores discuten gobernanza descentralizada desde yates con bandera de las Islas Caimán.

El impacto humano tiene nombre y rostro. Danisa, una mujer garífuna de 26 años, trabajó hasta que un lipoma le paralizó la muñeca. Después de siete meses empujando carretas bajo sol y lluvia, la respuesta fue una amenaza velada: si se va, no cobra. Hoy pesca langosta para darle de comer a sus hijos mientras explica por qué la bahía se inunda donde antes no ocurría: “Talaron los cerros; el agua ya no tiene dónde detenerse”. Su testimonio revela una verdad incómoda: el progreso de Próspera se construye sobre la degradación del territorio y el sacrificio invisible de quienes nunca firmaron un contrato social con la ZEDE.

La comunidad de Crawfish Rock, 700 habitantes que viven entre inglés criollo, pilotes de madera y dignidad irreductible, se enteró demasiado tarde de que la playa donde aprendieron a nadar figura como propiedad privada en los mapas de Próspera. No hubo consulta, solo una oferta de empleo para quienes aceptaran guardar silencio. Dividir para dominar: la estrategia colonial reeditada en clave start-up. Mestizos de la isla principal fueron reclutados para presionar a los garífunas, y las comunidades se vieron arrojadas a conflictos inducidos. Luisa Connor, lideresa local, se mueve con cámaras de seguridad instaladas por el propio gobierno para protegerla de amenazas. Vanessa, una activista ambiental, terminó con la frente abierta en una protesta donde la policía actuó como si defendiera un país entero en lugar de una corporación registrada en Delaware.

El desastre ecológico no es una hipótesis: es un hecho consumado. VICA, la ONG que monitorea el parque marino, reporta la remoción de 18 hectáreas de manglar sin ningún estudio de impacto ambiental. ¿Cómo se permite? Fácil: la ZEDE puede autoevaluarse y archivar su propio dictamen. El sedimento ya enturbia los arrecifes, el coral se blanquea y nadie sabe si las aguas negras de la torre de doce pisos terminan en una planta de tratamiento o en el mar. Las respuestas corporativas apelan a “estándares internacionales”, pero evitan mencionarlos porque esa vaguedad es la esencia misma del modelo: irresponsabilidad con marca registrada. El arrecife que sostiene la pesca local y el turismo de buceo, que da trabajo a 3,000 personas, agoniza, y el Estado no puede intervenir porque, dentro de la ZEDE, el Estado es un invitado no deseado.

El problema, por supuesto, trasciende lo ecológico. Es político, soberano, civilizatorio. Las ZEDE representan la privatización extrema del territorio y la renuncia explícita del Estado a su deber básico: proteger a su población. Suponen la fragmentación del país en feudos corporativos donde la ley es un producto negociable y la ciudadanía un obstáculo. Es la idea perversa de que el desarrollo es mercancía y que la soberanía puede licitarse. Como advirtió Don Evans, exalcalde de Roatán: “Entras sin consulta, sin referéndum, sin diálogo, y lo que generas no es progreso: es colonización, es apartheid 2.0”.

La resistencia existe porque la dignidad aún no fue privatizada. Luisa, Danisa y Vanessa encarnan una lucha que no acepta convertirse en nota al pie de un contrato de inversión. En ellas habita la convicción de que el territorio no se negocia y que la identidad no se arrienda. Las ZEDE prometen futuro, pero lo que entregan es una versión sofisticada del viejo modelo extractivo: mano de obra barata, ecosistemas sacrificados y un país que debe renunciar a su soberanía para que un puñado de emprendedores jueguen a ser república.

Hoy, aunque 64 de los 67 proyectos han sido frenados, Próspera y Ciudad Morazán siguen operando como enclaves que desafían la autoridad estatal, amenazan con arbitrajes internacionales y expanden su presencia en áreas estratégicas. Pristine Bay, un territorio que alguna vez fue playa pública, es ahora un enclave de lujo donde el Estado hondureño no tiene control. Si no se actúa con firmeza, ese 3 % de Roatán podría multiplicarse.

Quizá el futuro de las ZEDE esté en suspenso, pero su huella ya es indeleble: el dolor de Danisa, la resistencia de Crawfish Rock, las amenazas que recibe Luisa, la sangre de Vanessa y la conciencia de un país que despierta al darse cuenta de que venderse por pedazos no es desarrollo: es suicidio. Porque, al final, Honduras parece estar recordando una lección elemental: la soberanía no es una concesión. Es un acto de defensa. Y si toca defenderla hasta el final, se defiende. Porque, como dicen en Crawfish Rock, la tierra se hereda; la humillación, no.

Fuente:

RT en Español “ZEDE: espejismos de progreso”

Dentons – “The Zones for Employment and Economic Development (ZEDEs)

ICSID / Investor-State Arbitration Watch – Reports on Próspera’s threatened arbitration against Honduras.

Environmental NGOs (English reports) – Mangrove removal & reef impact in Roatán

International analyses of charter cities (The Guardian / academic policy papers)