El 6 de julio de 2026, el Estado hondureño ejecutó una operación que debería avergonzar a cualquier gobierno que se precie de civilizado. Más de doscientos agentes de la Policía Nacional rodearon la comunidad garífuna de San Juan, en Tela, y desataron una violencia que no tiene justificación posible. Lanzaron gases lacrimógenos, amenazaron a familias enteras, dispararon munición letal contra personas indefensas. Persiguieron a mujeres embarazadas, agredieron a niños, violaron todos los derechos humanos que esta nación dice proteger. Y todo esto, ojo, no fue un acto de fuerza mayor ni una respuesta a una amenaza real: fue un desalojo premeditado para arrebatarle a un pueblo ancestral lo que legítimamente le pertenece, todo para favorecer los intereses de una familia vinculada al narcotráfico y al lavado de dinero.

 

La excusa para esta barbarie fue el Decreto 107-2026, la llamada “Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores”. Una ley que, en teoría, incluía una salvaguarda para excluir de su aplicación a los territorios indígenas y afrodescendientes en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT. ¿Y qué pasó en la práctica? Esa salvaguarda fue papel mojado. La Policía y el Ministerio Público simplemente la ignoraron. Como denunció Rony Castillo, de OFRANEH, la circular policial que ordenaba no aplicar la ley en comunidades garífunas fue pisoteada sin el más mínimo reparo. El Estado demostró, una vez más, que sus leyes solo protegen a los poderosos y que los tratados internacionales son meros adornos retóricos para engañar a la comunidad internacional.

 

Pero lo más repugnante de todo esto es quién está detrás de la denuncia que desencadenó el desalojo. El comisario Aníbal Serrano Nieto lo dijo sin ambages: actuaban tras una denuncia de inversionistas de Promociones y Turismo, empresa cuya sociedad mayoritaria “pertenecería a la familia Rosenthal”. La misma familia Rosenthal que en 2015 fue designada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como traficantes de narcóticos especialmente designados por lavar dinero para el narcotráfico. La misma familia cuyo patriarca, Jaime Rosenthal, y su hijo Yani fueron condenados en cortes estadounidenses. La misma familia que, en una grotesca muestra de impunidad, recuperó en 2024 todos sus bienes incautados y hoy tiene a Yani Rosenthal como presidente del Partido Liberal y candidato presidencial. Esta es la “élite” que el Estado hondureño protege con tanques y gases lacrimógenos, mientras desplaza a comunidades que han habitado esas tierras por generaciones.

 

El predio en disputa son al menos nueve manzanas de tierra frente a la playa, ubicadas dentro del polígono que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció como territorio ancestral de la comunidad garífuna de San Juan. La propia Corte IDH, en su sentencia de agosto de 2023, condenó al Estado de Honduras por violar el derecho a la propiedad colectiva de esta comunidad. La sentencia estableció claramente que el título de propiedad otorgado a la comunidad excluía expresamente a Promociones y Turismo dentro del polígono. Es decir, la Corte ya había dicho que los Rosenthal no tienen derecho sobre esas tierras. Y sin embargo, el gobierno hondureño, en un acto de desacato flagrante al derecho internacional, decidió desalojar a la comunidad para favorecer a una familia de narcotraficantes. No hay palabras para describir semejante cinismo.

 

Como si esto fuera poco, cinco defensores territoriales fueron detenidos arbitrariamente durante el desalojo y acusados de usurpación agravada en su propio territorio. Deinor Osmany Mejía Arzú, Onil Rigoberto Fernández Zelaya, Hirvin René López Ortiz, Sara Abigail Acosta Acosta y Carlos Enrique Fernández Guzmán, nombres que deberíamos grabar en la memoria, fueron criminalizados por defender lo que la Corte Interamericana les reconoce como suyo. La jueza Norma Fuentes se declaró incompetente y remitió el caso a San Pedro Sula, bajo el absurdo argumento de que formarían parte de una “estructura de criminalidad organizada”. OFRANEH calificó esto de “absurdo, abusivo y racista”. Y no les falta razón: es el mismo patrón de criminalización que ya vimos en Guapinol en 2019, donde defensores ambientales fueron encarcelados por proteger sus territorios. El mensaje es claro: en Honduras, defender tu tierra es un delito; robarla, un negocio.

 

Y entonces llegó el domingo 12 de julio, apenas una semana después del desalojo. Hombres fuertemente armados, entre ellos un extranjero, irrumpieron en la comunidad garífuna de Tornabé, a solo nueve kilómetros de San Juan. Llegaron en cuatro vehículos sin placas, mostrando sus armas, con la clara intención de intimidar y, según denunciaron los pobladores, de quitar vidas. La Policía Nacional y la Dirección Policial de Investigación decomisaron al menos cinco cargadores de grueso calibre en un solo vehículo. ¿Y qué hicieron con estos hombres armados que amenazaban a una comunidad indefensa? Los subieron a un vehículo policial y los trasladaron bajo resguardo de los cuerpos de seguridad del Estado. No los detuvieron. No los investigaron. Solo “documentaron su presencia”. Como denunció la comunidad, esto es “justicia selectiva”: si hubieran sido garífunas los que portaban armas, ya estarían encarcelados. Pero como el extranjero era norteamericano, el Estado les brindó protección.

 

Ahora bien, no nos dejemos engañar por las operaciones de desinformación. El medio Honduras Verifica publicó un artículo titulado “No hay evidencia de que Erik Prince esté en Tornabé”, afirmando que la identificación del fundador de Blackwater surgió de una respuesta de inteligencia artificial y que el análisis facial no arrojó coincidencias. Pero Honduras Verifica no es un medio independiente: es un mecanismo pagado por gobiernos extranjeros, con financiamiento de organizaciones vinculadas a Estados Unidos y a Inglaterra, diseñado específicamente para desmentir cualquier información que comprometa los intereses del poder. Su función es lavar la imagen del Estado y encubrir las ilegalidades que ocurren en el territorio nacional. Lo que este medio omite es que el propio Criterio.hn, que no tiene ataduras monetarias tan fuertes como el anterior, realizó una búsqueda inversa de imágenes que sí arrojó coincidencias con fotografías de Erik Prince. Mientras Honduras Verifica descarta la evidencia al servicio de sus patrocinadores, Criterio.hn documenta que la coincidencia existe, aunque sin confirmación oficial. ¿Confirmación oficial? ¿Acaso el gobierno va a admitir que está protegiendo a un mercenario internacional? Por supuesto que no. La “confirmación oficial” nunca llegará, porque implicaría reconocer la complicidad.

 

Pero la presencia de Erik Prince en Honduras no es una especulación sin fundamento. Prince ha estado activo en América Latina: en enero de 2025 se reunió en Washington con el diputado hondureño por Atlántida, Marco Midence, justo el departamento donde ocurrió el incidente. En julio de 2026 fue contratado por el gobierno de Ecuador para entrenamiento militar, según confirmó Ecuavisa. Ha firmado acuerdos con Haití para operaciones de seguridad. Y ha sido visto en la región en múltiples ocasiones. El patrón es claro: Prince opera en la región, y Honduras no es la excepción. El hecho de que hombres armados con un extranjero idéntico a Prince hayan irrumpido en Tornabé, y que la Policía los haya protegido en lugar de detenerlos, es la prueba más contundente de que el Estado hondureño está coludido con estos grupos armados. Si no fuera Prince, ¿por qué la Policía no actuó? ¿Por qué no los investigaron? ¿Por qué los escoltaron fuera de la comunidad en lugar de ponerlos a disposición de las autoridades? La respuesta es simple: porque el gobierno está aliado con estos mercenarios, y Honduras Verifica es el instrumento mediático que lava la imagen de esta complicidad.

 

La estrategia es siempre la misma: primero el despojo violento, luego la criminalización de los defensores, y finalmente la operación de desinformación para negar lo que está ocurriendo. Honduras Verifica no es un verificador de hechos; es un taparrabo del Estado, un mecanismo para sembrar dudas sobre lo que los ojos de la comunidad garífuna y los periodistas independientes ya han documentado. Erik Prince sí está en Honduras, o al menos hay elementos suficientes para afirmar que un hombre con su identidad y su modus operandi está operando en la zona de Tela, con la complacencia y protección del gobierno. No nos dejemos engañar por los voceros del poder. La verdad está en la calle, en las denuncias de las comunidades, no en los comunicados de prensa de un gobierno que protege a mercenarios y desaloja a pueblos ancestrales.

 

Lo que está ocurriendo en la costa caribeña de Honduras no es un hecho aislado. Es parte de un patrón histórico que se repite una y otra vez. Las comunidades garífunas han sido desplazadas sistemáticamente para dar paso a proyectos turísticos y hoteleros. La Bahía de Tela, con sus playas paradisíacas, es un imán para el capital que no respeta fronteras ni derechos humanos. Ya lo vimos en Barra Vieja con el complejo Indura Beach and Golf Resort. Ya lo vimos en otras comunidades que han visto reducido su territorio ancestral a migajas. El patrón es siempre el mismo: una ley hecha a medida, una denuncia de un poderoso, un desalojo violento, la criminalización de los defensores, y el silencio cómplice del Estado. El dinero y la fuerza bruta se imponen sobre la justicia y la dignidad.

 

Honduras acumula cuatro sentencias de la Corte Interamericana a favor de comunidades garífunas, Triunfo de la Cruz, Punta Piedra, San Juan y Cayos Cochinos, todas con cumplimiento pendiente. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos advirtió en marzo de 2026 que persisten los despojos, la criminalización y la discriminación estructural. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Ignorar las sentencias, aprobar leyes que facilitan los desalojos, y poner a la Policía al servicio de los intereses privados. Esto no es un fallo del sistema; es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Un sistema que protege a los narcotraficantes y criminaliza a los pueblos ancestrales. Un sistema que vende la tierra y la dignidad de los más vulnerables al mejor postor. Y ahora, con la presencia de mercenarios de Blackwater, el sistema ha escalado a un nuevo nivel de impunidad: ya no solo es el Estado, sino también el capital privado armado, el que opera en territorio nacional con total libertad.

 

El pueblo garífuna, sin embargo, no se rinde. Desde el 15 de julio mantienen un paro indefinido con toma de la carretera CA-13, exigiendo la anulación del juicio contra los cinco defensores y la derogación del Decreto 107-2026. Instalaron el campamento “Tuba Mena” en los predios disputados, en memoria de una mujer garífuna que murió defendiendo sus tierras. Miriam Miranda, coordinadora de OFRANEH, denunció que pretenden desaparecer al pueblo garífuna “no solamente con las leyes” sino también mediante “esa campaña, esa forma de atacar a nuestro pueblo y a nuestras comunidades, diciendo que somos parte del crimen organizado”. Pero no se rendirán. Han resistido siglos de opresión, y no será una banda de mercenarios ni una familia de narcotraficantes los que los dobleguen.

 

Este es el rostro del Honduras de 2026: un país donde una familia de narcotraficantes recupera su poder, donde el Estado desaloja a comunidades protegidas por el derecho internacional, donde mercenarios armados recorren las calles con impunidad y protección policial, donde los medios pagados por el gobierno mienten para encubrir la verdad, y donde los defensores de la tierra son encarcelados mientras los verdaderos criminales ocupan los escaños del poder. Este no es un conflicto aislado; es una guerra contra los pueblos ancestrales, disfrazada de legalidad, financiada con dinero sucio, y ejecutada con la violencia del Estado y sus aliados privados. Y mientras el mundo mira hacia otro lado, Honduras sigue cavando su propia tumba moral. Pero la comunidad internacional debe dejar de mirar. La Corte Interamericana debe actuar. La impunidad no puede seguir siendo la norma en un país que se jacta de ser democrático. Porque lo que está ocurriendo en la costa caribeña no es otra cosa que un crimen de lesa humanidad en cámara lenta, y todos somos cómplices si no lo denunciamos con la furia que merece.

Fuente:

• Criterio.hn, “Policía no requirió a hombres armados, entre ellos un extranjero, que ingresaron a Tornabé” (13 de julio de 2026). 
• Criterio.hn, “Hombre armado en Tornabé: ¿Erik Prince o no? Lo que se sabe” (14 de julio de 2026).
• Marco Midence Milla (diputado por Atlántida, Partido Nacional de Honduras), publicación en Facebook con fotografía y descripción “Con Erik Prince de Blackwater” (18 de enero de 2025). [Fuente primaria documentada en el artículo de Criterio.hn]
• OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña), comunicado de prensa sobre desalojo en San Juan y denuncia de incursión armada en Tornabé (13 de julio de 2026).
• ODECO (Organización de Desarrollo Étnico Comunitario), declaración pública sobre la situación en la costa caribeña y el paro indefinido en la CA-13 (15 de julio de 2026).
• Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), “Caso Comunidad Garífuna de San Juan y sus miembros vs. Honduras”, Sentencia de 29 de agosto de 2023.
• Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), “Designación de Jaime Rosenthal, Yani Rosenthal y Yankel Rosenthal como traficantes de narcóticos especialmente designados” (7 de octubre de 2015).
• Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, Resolución Judicial sobre devolución de bienes a la familia Rosenthal (junio de 2024).
• Ecuavisa, “Erik Prince firma acuerdo con el gobierno de Ecuador para entrenamiento militar” (julio de 2026).
• Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH), “Informe sobre situación de pueblos indígenas y afrohondureños” (marzo de 2026).
• Decreto 107-2026, “Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores” (aprobado el 10 de junio de 2026, publicado en el Diario Oficial La Gaceta).