El 28 de julio del año 2000, Vladímir Putin reunió en el Kremlin a los dieciocho empresarios más poderosos de Rusia en una reunión sin precedentes. Este encuentro marcó el inicio de su campaña para limitar la influencia política y económica de los llamados oligarcas, un reducido grupo que había acumulado fortunas extraordinarias durante el proceso de privatización posterior a la caída de la Unión Soviética.

 

Con esta acción, Putin buscó redefinir la relación entre el Estado y las élites empresariales, dejando claro que el poder político debía prevalecer sobre los intereses privados. El episodio simbolizó el comienzo de una nueva etapa en la que el Kremlin intentó recuperar el control de los recursos estratégicos y restablecer la autoridad del Estado en la Rusia postsoviética.

 

Tras el colapso de la Unión Soviética, Rusia enfrentó una de las transiciones más convulsas de su historia moderna. En medio del colapso del sistema planificado y la desintegración institucional, el gobierno de Boris Yeltsin intentó introducir la economía de mercado mediante un programa de privatización a gran escala. La idea, concebida por reformadores como Anatoly Chubais, era crear una nación de propietarios y fomentar el surgimiento de una clase media moderna. En la práctica, la falta de regulación y la rapidez de las reformas generaron una profunda desigualdad y concentraron la riqueza en manos de unos pocos.

 

El referéndum de abril de 1993, convocado para decidir la continuidad de las reformas, mostró una sociedad profundamente dividida. Apenas la mitad de los votantes respaldó la política económica de Yeltsin, mientras una parte importante del país se oponía abiertamente al proceso de privatización. Pese al resultado ajustado, las reformas continuaron. La liberalización de precios, la apertura del mercado y las privatizaciones a gran escala transformaron la estructura económica del país, pero también provocaron la ruina de millones de ciudadanos.

 

La llamada “privatización de los vales” ofreció a cada ruso certificados que podían intercambiarse por acciones de antiguas empresas estatales. Sin embargo, la mayoría de la población, enfrentada a la pobreza, vendió rápidamente esos vales a intermediarios. Un grupo de empresarios, con capital, contactos y acceso a información privilegiada, acumuló enormes cantidades de estos certificados y adquirió empresas enteras por precios simbólicos. Así nacieron los futuros oligarcas: figuras como Mijaíl Jodorkovski, Vladimir Gusinsky, Boris Berezovsky o Vladimir Potanin, que en pocos años controlaron sectores estratégicos como la energía, los metales, la banca y los medios de comunicación.

 

Las subastas de empresas estatales estuvieron marcadas por la falta de competencia real. El valor total de la industria rusa en papeles llegó a ser menor que el de una sola corporación occidental. Fábricas gigantes como Avtovaz o ZIL fueron vendidas a precios irrisorios. Este proceso dio lugar a una nueva élite económica que, además de acumular riquezas, empezó a influir decisivamente en la política.

 

Boris Berezovsky, por ejemplo, construyó su fortuna en el sector automotriz, aprovechando la hiperinflación para obtener ganancias desproporcionadas. Su empresa, Logovaz, se convirtió en el principal distribuidor de vehículos del país. Durante la ola de privatizaciones, ideó un esquema que le permitió participar en la compra de Avtovaz mediante certificados que ofrecía al público como “inversiones populares”, aunque en realidad concentraba el control en su entorno empresarial. En esos años, el marco legal era débil y las instituciones no tenían capacidad para controlar las operaciones financieras de gran escala.

 

Mientras tanto, el poder de los medios se convirtió en un factor decisivo. Berezovsky y Gusinsky comprendieron que el control de la televisión y la prensa era un instrumento esencial de influencia política. Gusinsky fundó el canal NTV y el grupo Media-Most, mientras Berezovsky participó en la privatización del Canal 1, que pasó a llamarse ORT. Con estos medios, los oligarcas podían moldear la opinión pública, proteger sus intereses económicos y participar directamente en la lucha política.

 

Durante la campaña presidencial de 1996, esa influencia alcanzó su punto máximo. El líder comunista Guennadi Ziugánov parecía encaminarse hacia una victoria segura frente a un Yeltsin debilitado, con niveles de popularidad de un solo dígito. Alarmados por la posibilidad de un retorno del comunismo, los principales magnates, apodados el “grupo de los siete”, unieron fuerzas para apoyar a Yeltsin. Utilizaron sus medios para difundir una campaña moderna, inspirada en estrategias occidentales, que presentaba al presidente como garante de la democracia y la estabilidad. Con vastos recursos financieros y cobertura mediática favorable, Yeltsin logró revertir las encuestas y ganar la reelección.

 

Sin embargo, el costo político fue alto: el poder del Estado quedó subordinado a una élite económica que se consideraba indispensable. Los oligarcas controlaban bancos, canales de televisión y ministerios, y su influencia se extendía a la Duma y a las decisiones del Kremlin. Rusia se transformó en una república dominada por intereses privados.

 

Hacia finales de la década, la situación comenzó a deteriorarse. La crisis financiera de 1998 hundió al rublo, paralizó el sistema bancario y provocó una caída drástica del nivel de vida. La popularidad del gobierno se desplomó y los oligarcas, que habían sido los grandes beneficiarios del sistema, se enfrentaron a un creciente rechazo social. En ese contexto, Yevgueni Primakov fue nombrado primer ministro. Con reputación de integridad, intentó frenar el poder de los grandes grupos empresariales e imponer orden en las finanzas públicas. Sus esfuerzos fueron breves, pero marcaron el inicio de un cambio de rumbo.

 

En agosto de 1999, tras sucesivas crisis de gabinete, Yeltsin nombró primer ministro a Vladimir Putin, un exoficial del servicio de inteligencia y exjefe del FSB. Pocos sabían entonces quién era, pero su perfil de hombre disciplinado y su estilo sobrio pronto lo convirtieron en una figura de autoridad. Ese mismo año, los atentados y la reanudación de la guerra en Chechenia le dieron la oportunidad de proyectar firmeza. La sociedad rusa, agotada por la incertidumbre, comenzó a verlo como el líder capaz de restaurar el orden.

 

Cuando Yeltsin renunció inesperadamente en la víspera de Año Nuevo de 1999, designó a Putin como presidente interino. Tres meses después, Putin ganó las elecciones con amplio margen. Desde el inicio, dejó en claro su objetivo: reconstruir la autoridad del Estado y limitar la influencia política de los magnates.

 

Su primera medida fue crear un nuevo “control vertical” del poder. Dividió el país en distritos federales, cada uno encabezado por un representante presidencial, lo que permitió al Kremlin supervisar directamente a los gobernadores. En paralelo, comenzó a actuar frente a los oligarcas más poderosos. En 2000, el empresario de medios Vladimir Gusinsky fue acusado de fraude y encarcelado brevemente; poco después, Boris Berezovsky, hasta entonces aliado del Kremlin, fue presionado para vender sus acciones en ORT y abandonar el país. Ambos casos marcaron un cambio de era.

 

El enfrentamiento más simbólico ocurrió con Mijaíl Jodorkovski, presidente de Yukos, una de las mayores petroleras de Rusia. Jodorkovski había promovido una gestión transparente y financiado proyectos de oposición política. El gobierno lo acusó de evasión fiscal y fraude, y en 2003 fue arrestado. Yukos fue desmantelada y sus activos absorbidos por la estatal Rosneft. Para el Kremlin, el mensaje era inequívoco: el Estado debía ser la instancia suprema de poder, y los empresarios debían someterse a sus leyes.

 

Esta política no eliminó la figura del oligarca, pero redefinió su papel. Aquellos que aceptaron las nuevas reglas conservaron su riqueza, aunque bajo vigilancia. Roman Abramóvich, por ejemplo, se integró al sistema político como gobernador de Chukotka y destinó parte de su fortuna a programas sociales. Otros redirigieron sus inversiones hacia proyectos estratégicos aprobados por el Estado.

 

El cambio tuvo profundas repercusiones. Rusia pasó de ser un país dominado por la economía privada y los intereses cruzados a un modelo de capitalismo estatal. Las grandes corporaciones energéticas y de infraestructura regresaron a la órbita del Kremlin, y el gobierno recuperó el control de los medios más influyentes. Para muchos ciudadanos, esto representó una restauración del orden y la soberanía nacional.

 

En el exterior, la política de Putin fue vista con ambivalencia: para algunos, un retroceso autoritario; para otros, un paso necesario para estabilizar un país que había vivido una década de caos. Lo cierto es que el poder económico quedó subordinado a la autoridad del Estado.

 

A lo largo de los primeros años del siglo XXI, esa relación entre el Kremlin y los grandes empresarios se consolidó. Los oligarcas dejaron de ser actores políticos independientes para convertirse en socios subordinados del proyecto nacional. Putin logró lo que ningún líder ruso había conseguido desde la caída de la URSS: reestablecer el equilibrio entre el capital privado y el interés público, imponiendo disciplina y centralizando la dirección del país.

 

Así, la historia de Rusia en los noventa y comienzos de los dos mil puede leerse como la transformación de un Estado debilitado por la privatización y el desorden en una potencia reconstituida alrededor de su autoridad central. El enfrentamiento entre Putin y los oligarcas no fue solo una lucha por el poder económico, sino el símbolo de una nueva etapa: la recuperación del Estado ruso como eje de su vida política y social.

Fuentes:

Moscow Times, 25 de enero de 2001

Radio Mayak, 18 de marzo de 2000

David Hoffman, The Oligarchs: Wealth and Power in the New Russia (2002)

Celestine Bohlen, “Citizens of Russia to be Given a Share of State's Wealth”, New York Times, 1 de octubre de 1992

Conferencia de prensa de Anatoly Chubais, 21 de agosto de 1992

Anne Williamson, “The Rape of Russia”, testimonio ante el Comité de Servicios Bancarios y Financieros de la Cámara de Representantes de EE.UU., 21 de septiembre de 1999

George Soros, Open Society: Reforming Global Capitalism (2000), p. 242