En Honduras circula desde hace décadas una imagen cómoda, casi didáctica, del poder económico: un pequeño grupo de grandes fortunas, un puñado de apellidos omnipresentes, una élite identificable que concentra riqueza, influencia y privilegios. Esta imagen ha sido repetida por partidos, movimientos sociales, analistas y ciudadanos comunes hasta convertirse en un lugar común del discurso político nacional. Su eficacia radica en la claridad con la que nombra un malestar real: la obscena acumulación de riqueza en un país empobrecido hasta el límite de la resignación.

 

Ese malestar tiene razones materiales. Honduras es un país atravesado por la miseria estructural, la precariedad laboral, la migración forzada y la desigualdad extrema. En ese contexto, la existencia de fortunas descomunales resulta ofensiva, casi obscena, especialmente cuando esas fortunas crecen al amparo del Estado, de las exoneraciones fiscales, de las concesiones y del blindaje legal. La indignación es legítima. El problema aparece cuando esa indignación se canaliza hacia una imagen incompleta del poder.

 

La estructura real del dominio en Honduras es más antigua, más amplia y más densa que cualquier listado breve de magnates. El país arrastra una historia prolongada de clanes criollos, familias extensas que han ocupado posiciones centrales en la vida económica, política y social durante generaciones enteras. No se trata únicamente de empresarios modernos ni de capitales recientes. Se trata de linajes, de apellidos que se repiten en registros públicos, alcaldías, diputaciones, cortes, notarías, empresas, cámaras de comercio, medios de comunicación y fundaciones. Apellidos que sobreviven a los cambios de régimen, a las crisis, a los golpes de Estado y a las transiciones políticas.

 

El documento del ERIC-SJ describe este proceso con precisión: desde los años ochenta, Honduras experimentó transformaciones políticas y económicas que prometían institucionalidad y desarrollo. En la práctica, esas transformaciones consolidaron una captura progresiva del Estado por redes elitistas. El neoliberalismo profundizó esa dinámica al convertir lo público en botín concesionable y al normalizar la transferencia de recursos colectivos hacia manos privadas. Ese proceso no se concentró en una sola cúspide. Se ramificó.

 

Aquí aparece un punto central que Nelson Ávila ha señalado en distintos momentos: el poder hondureño no se expresa únicamente en la gran empresa transnacional o en el banco de alcance regional. El poder se expresa también en el control territorial, en la administración local, en la apropiación silenciosa de instituciones públicas por familias que operan como clanes criollos. Familias que convierten municipios y departamentos en espacios heredables, donde el apellido pesa más que cualquier programa político y donde la alternancia es una ficción administrativa.

 

Estos clanes criollos no necesitan figurar en rankings internacionales. Su poder se mide de otra forma. Se mide en contratos públicos recurrentes, en licencias otorgadas sin competencia real, en juzgados complacientes, en fiscalías selectivas, en policías obedientes, en diputaciones eternas. Se mide en la capacidad de colocar hijos, primos, cuñados, amantes y socios en posiciones clave del aparato estatal. Se mide en la naturalidad con la que ocupan el espacio público como si les perteneciera.

 

El estudio del CEDOH, citado en el propio documento del ERIC-SJ, introduce un dato crucial para desmontar la mitificación: el control efectivo del país se concentra en un grupo reducido que ronda el centenar de familias. No se trata de una cifra exacta ni de un censo cerrado. Se trata de una estimación estructural, suficiente para comprender la escala real del fenómeno. Un núcleo duro de grandes grupos económicos, rodeado por una constelación amplia de clanes familiares que operan en distintos niveles del Estado y de la economía.

 

Esta estructura explica por qué el poder se reproduce incluso cuando cambian los discursos y los colores partidarios. Explica por qué la corrupción persiste como práctica cotidiana. Explica por qué las reformas fiscales se diluyen, por qué las exoneraciones sobreviven, por qué las concesiones se renuevan, por qué los responsables rara vez enfrentan consecuencias reales. Explica también por qué la política hondureña gira una y otra vez en torno a figuras personalistas, caudillos reciclados y liderazgos mesiánicos que terminan integrándose a la misma lógica que prometían transformar.

 

El énfasis exclusivo en un grupo reducido de magnates desvía la mirada de esta red profunda de clanes criollos. Produce la ilusión de que el problema tiene un rostro fácilmente identificable y una solución quirúrgica. Mientras tanto, decenas de familias continúan operando en silencio, administrando territorios, influyendo en decisiones clave y asegurando la reproducción de privilegios heredados. El poder se diluye, se fragmenta, se normaliza.

 

Aquí es donde el hondureño necesita despertar. Despertar implica aprender a mirar los apellidos, rastrear trayectorias familiares, observar quién ha ocupado qué cargos durante décadas, quién aparece una y otra vez en distintos gobiernos, quién financia campañas, quién controla medios locales, quién se beneficia sistemáticamente del presupuesto público. Implica abandonar la idea de que esas posiciones son fruto del mérito individual o del talento excepcional. En Honduras, el acceso al poder ha funcionado históricamente como un derecho heredado.

 

Estos clanes criollos no representan una élite ilustrada ni un motor de desarrollo nacional. Representan una forma arcaica de dominación adaptada al lenguaje moderno del mercado y de la democracia formal. Su permanencia no responde a genialidad empresarial ni a servicios prestados al país. Responde a la ocupación prolongada de espacios de decisión, a la captura de instituciones y a la reproducción endogámica del poder.

 

Comprender esto cambia el eje del análisis. El problema hondureño adquiere profundidad histórica y densidad política. La desigualdad deja de parecer un accidente y se revela como el resultado lógico de una estructura oligárquica extensa. La pobreza deja de ser una fatalidad cultural y se muestra como el producto de una administración sistemática del saqueo.

 

Mientras la discusión permanezca atrapada en consignas reducidas, el sistema seguirá intacto. La vigilancia ciudadana necesita expandirse, volverse más incómoda, más precisa. Necesita apuntar hacia los clanes criollos, hacia los apellidos que atraviesan generaciones, hacia las redes familiares que han hecho del Estado una herencia privada.

 

Ese es el verdadero desafío: desmontar la mitología, ampliar el campo de visión y reconocer que el poder en Honduras no es un monstruo de diez cabezas, sino una hidra histórica de múltiples linajes, cuidadosamente adaptada para sobrevivir a cualquier cambio superficial.

Fuentes

• Élites, redes de poder y régimen político en Honduras - Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), Compañía de Jesús en Honduras.
• Élites, democracia y política en Honduras - Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), análisis de Jorge Illescas Oliva.
• Cuando la corrupción es el sistema operativo - Sarah Chayes, Carnegie Endowment for International Peace.
• Honduras: élites, crimen organizado y captura del Estado - InSight Crime.
• Concentración de poder económico y desigualdad en Honduras - Nelson Ávila, intervenciones y análisis públicos (académico-políticos).
• Neoliberalismo, concesiones y despojo en Honduras - ERIC-SJ / Oxfam América Latina.