La tragedia de Salvador Nasralla no empieza cuando pierde, ni siquiera cuando le arrebatan victorias parciales. Empieza mucho antes, en el momento mismo en que decide disputar un poder que en Honduras no está disponible para cualquiera. Desde su primera candidatura presidencial, su destino quedó marcado: podía competir, podía entusiasmar, podía arrastrar masas, pero no podía gobernar. Esa línea nunca se cruzó. Nunca se le permitió.

 

Cada intento apareció como una nueva oportunidad y, en realidad, reafirmó el mismo límite. El sistema hondureño, sostenido por una élite criolla cerrada, mafiosa y profundamente dependiente del aval externo, mantiene un control riguroso sobre los procesos políticos. Toleraba candidatos y rechazaba proyectos autónomos. Permitía elecciones y bloqueaba rupturas. Nasralla, con todos sus límites y contradicciones, representaba una fuerza que permanecía fuera de la domesticación.

 

No era un revolucionario ni un antisistema radical, pero tampoco era un operador confiable del orden tradicional. Su insistencia en gobernar con proyectos propios, en introducir lógicas distintas, en romper con ciertas inercias del saqueo y la subordinación, lo convirtió en una figura incómoda. En Honduras, eso basta para quedar fuera. Aquí no se necesita demostrar capacidad para gobernar; se necesita demostrar obediencia previa.

 

Sus múltiples candidaturas fueron neutralizadas por una asfixia deliberada. En cada proceso, cuando su figura empezaba a condensar una expectativa real de cambio, el aparato de poder se activaba. A veces mediante fraude abierto, a veces a través de negociaciones forzadas, a veces por el desplazamiento institucional más burdo. El desenlace permanecía inalterable: Nasralla quedaba excluido del ejercicio efectivo del poder.

 

El punto culminante de esta tragedia fue 2021. Allí no solo se le negó nuevamente si quiera poder influir en el poder, sino que se le utilizó. Su figura fue instrumentalizada para arrastrar votos, para canalizar el hartazgo social, para construir una mayoría electoral que terminara beneficiando a otro proyecto. Fue la única vez que “ganó” algo, y aun así no gobernó. El poder real quedó en otras manos. Él quedó como el vehículo, no como el conductor.

 

Aquello respondió a un diseño previo y no a una desviación del sistema. La estructura de poder habilitó su participación como instrumento necesario, manteniendo siempre bajo resguardo el control del Estado. Tras cumplir su función electoral, fue apartado sin miramientos. Sus proyectos quedaron anulados, su visión fue descartada y cualquier posibilidad de introducir un rumbo distinto quedó excluida. El ejercicio del gobierno jamás formó parte de la ecuación.

 

Con el paso del tiempo, la tragedia se volvió irreversible. La edad ya no es un dato biográfico: es un símbolo político. El tiempo que se le negó cuando tenía fuerza, legitimidad y respaldo social no se recupera cuando el desgaste es evidente. Hoy, incluso si decidiera intentarlo otra vez, ya no sería el mismo escenario. El sistema no tendría que cerrarse con violencia; la biología y el cansancio social harían el trabajo.

 

Las elecciones de 2025 sellaron definitivamente esta lógica de poder. La salida de Nasralla del horizonte político coincidió con un resultado que volvió a colocar al frente a una gestión ampliamente cuestionada, atravesada por prácticas de corrupción y sostenida por el mismo entramado histórico. La validación del nuevo gobierno provino de su funcionalidad geopolítica y de su alineamiento externo. De ese modo se consolidó otra administración intervenida y tutelada desde la embajada estadounidense, repitiendo un patrón constante en los momentos en que lo prioritario ha sido preservar el control y garantizar continuidad.

 

Lejos de representar una ruptura, 2025 mostró la continuidad perfecta del modelo. Las élites locales conservaron sus privilegios, las mafias políticas mantuvieron sus negocios y Estados Unidos volvió a operar como árbitro silencioso del resultado aceptable. En ese escenario, ya no hacía falta bloquear a Nasralla: el sistema había aprendido a prescindir de él sin costo político.

 

Eso es lo más devastador. No solo se le negó el poder a un individuo, sino que se le cerró al país la posibilidad de comprobar si ese proyecto habría funcionado o no. No hubo gobierno para evaluar, no hubo gestión para juzgar, no hubo legado para discutir. Solo hubo intentos truncados. Cuatro veces. Cuatro cierres. Cuatro negaciones.

 

La tragedia de Salvador Nasralla es, en última instancia, la confirmación del desastre hondureño. Un país donde incluso las figuras necesarias son descartadas cuando amenazan con dejar de ser funcionales. Donde la esperanza se usa como combustible electoral y luego se desecha. Donde las elecciones de 2025 no corrigieron nada, sino que consolidaron el mismo orden tutelado, corrupto y dependiente.

 

No hay redención posible en esta historia. No hay revancha pendiente ni justicia histórica que llegue más adelante. Hay un ciclo cerrado. Un hombre que quiso gobernar y nunca pudo. Y un país que, una vez más, demostró que no decide quién lo gobierna, sino quién no puede hacerlo.