Centroamérica ha sido concebida desde Washington, a lo largo de más de un siglo, como una franja territorial cuyo sentido se define por su inserción en un orden continental previamente establecido. El istmo queda integrado a una lógica espacial orientada hacia la vigilancia, el tránsito y la administración del territorio, por encima de la dinámica política de las sociedades que lo habitan. Dentro de ese esquema, la región adquiere forma como parte de un perímetro ampliado, una zona adelantada cuya orientación incide directamente en la estabilidad del hemisferio occidental.

 

La geografía marca el punto de partida de esta mirada. El estrechamiento del continente entre dos océanos convierte a Centroamérica en un pasaje natural, en un corredor cuya vigilancia se vuelve prioritaria. Desde esa perspectiva, el istmo deja de percibirse como un conjunto de países con trayectorias propias y pasa a ser interpretado como una continuidad territorial sensible. Su cercanía relativa con el territorio estadounidense refuerza esta percepción. La distancia física nunca fue suficiente para ubicar a la región en un plano secundario. Por el contrario, su posición la integra tempranamente al entorno inmediato de resguardo del poder norteamericano.

 

En esta concepción, la presencia de actores externos en el Caribe y en las costas centroamericanas genera inquietud persistente. Cada enclave no-occidental, cada intento de influencia extrahemisférica, es leído como una alteración del equilibrio deseado. El eje de preocupación se desplaza hacia la eventual conversión de los Estados del área en plataformas al servicio de intereses externos a Washington. A partir de esa premisa, la región queda integrada a un régimen de vigilancia constante, donde la autonomía se ejerce dentro de márgenes establecidos por un orden de escala superior.

 

La idea del canal interoceánico estructura durante décadas esta forma de pensar el istmo. Antes de su concreción y después de su apertura, la posibilidad de unir los océanos bajo control estadounidense organiza la valoración del territorio centroamericano. Nicaragua, Panamá, el Caribe insular y el litoral hondureño se inscriben en una cartografía mental donde el territorio importa por su disponibilidad, por su capacidad de albergar rutas, bases y accesos. Incluso cuando una opción queda relegada en el corto plazo, permanece como reserva latente dentro del imaginario geopolítico.

 

La política hacia Centroamérica se articula, de este modo, alrededor de la previsibilidad. Los gobiernos locales son observados según su disposición a garantizar un entorno estable y administrable. Las disputas internas, los conflictos armados y las tensiones regionales aparecen como factores perturbadores que requieren contención. Desde esta lógica, la intervención adopta un carácter correctivo, orientado a restablecer un equilibrio considerado necesario para la protección de intereses de mayor escala. El recurso a la presión diplomática, financiera o militar se normaliza como parte del repertorio habitual.

 

Honduras ocupa un lugar especialmente revelador dentro de esta arquitectura. Su ubicación central en el istmo, su acceso al Caribe y la fragilidad histórica de su aparato estatal la configuran como un territorio de alta utilidad dentro del esquema regional. Desde Washington, el país es concebido como espacio de tránsito, de apoyo y de amortiguación. Su papel se articula alrededor de la disponibilidad territorial y política, más que de la iniciativa propia. La contención de su proyección exterior cumple una función estabilizadora dentro del conjunto, al preservar un equilibrio regional considerado deseable.

 

La dimensión económica se inserta de forma orgánica en esta visión. Empresas agrícolas, financieras y comerciales actúan en sintonía con una política exterior orientada al control indirecto. La deuda, las concesiones y el manejo fiscal operan como instrumentos eficaces para condicionar decisiones internas sin recurrir de manera constante a la ocupación abierta. El capital privado no acompaña a la geopolítica: la atraviesa y la sostiene, convirtiendo la economía en un vector central de dominación territorial.

 

Centroamérica termina ocupando una posición ambigua dentro del orden hemisférico. Los Estados mantienen formalmente su independencia, celebran procesos electorales y participan en instancias internacionales. Al mismo tiempo, las decisiones estructurales permanecen sujetas a márgenes estrechos, definidos fuera de la región. La autonomía opera dentro de límites implícitos, activados cada vez que el rumbo local amenaza con desbordar el esquema previsto.

 

Esta forma de dominación prescinde de un discurso colonial explícito. Se apoya en nociones de tutela, orden y estabilidad, presentadas como condiciones necesarias para el funcionamiento regional. El istmo aparece como un espacio siempre disponible para la corrección, abierto a la intervención cuando las circunstancias lo ameritan. La soberanía adquiere un carácter condicional, dependiente de su adecuación a un diseño continental concebido en otro lugar.

 

La visión geopolítica estadounidense sobre Centroamérica descansa en una convicción persistente: el istmo forma parte de su esfera vital. No como comunidad política ni como proyecto histórico propio, sino como pieza funcional dentro de un entramado mayor. La región existe, en esa mirada, para asegurar tránsito, seguridad y previsibilidad. Todo desplazamiento respecto de esa función activa mecanismos de vigilancia y ajuste. Centroamérica queda así fijada en un lugar preciso dentro del imaginario del poder norteamericano, un lugar que se reproduce con notable continuidad, más allá de los cambios de época, de lenguaje y de actores.