Existe un manual secreto, no escrito, que gobierna el destino de Roatán. No es un código legal ni una carta magna, más bien algo más pragmático: un pacto de silencio entre el aparato estatal hondureño, los medios de comunicación nacionales y un puñado de beneficiarios que, con pasaportes extranjeros o apellidos políticos locales, han convertido a esta isla en un negocio de fachada. La regla es simple: mantener la imagen de paraíso a cualquier costo. Y el costo, claro, lo pagan otros.

 

Porque Roatán no es lo que venden. Roatán es otra cosa. Una especie de territorio siniestro donde la normalidad turística, los cruceros, los resorts, los "all inclusive”, funciona como maquillaje sobre una realidad que nadie quiere nombrar. Desapariciones que no se investigaron. Sedes policiales que operan como decorados de teatro. Y una industria de trata de personas que florece en la penumbra, mientras las autoridades dedican sus energías a garantizar que el turista promedio nunca sospeche que, a tres calles de su hotel, alguien está siendo vendido.

 

El dinero, se sabe, no circula. Se estanca. Se queda en las cuentas de esos "empresarios" y políticos que han aprendido a lucrar con la desesperación y la invisibilidad. Pero lo verdaderamente aberrante no es la corrupción, que ya es endémica en Honduras, es la complicidad social que la protege. Existe en este país una fauna particular: los defensores oficiales de la "buena fama" de Roatán. Personas que, ante cualquier denuncia, no reaccionan con indignación ante el crimen; al contrario, lo hacen con furia hacia quien lo nombra. "No exageren", dicen. "Son rumores". "No le den mala fama a la pobre isla".

 

El perfil de estos defensores resulta revelador. Un análisis rápido de sus redes sociales muestra los patrones: cónyuges de funcionarios públicos o de algún extranjero, parientes de diputados, socios de inversionistas foráneos cuyo negocio depende de que los turistas sigan llegando ignorantes. Su razonamiento es transparente: cuando el escándalo daña las utilidades, el escándalo debe silenciarse. Y cuando ese silencio implica que una familia nunca sabrá qué pasó con su hija desaparecida, que así sea. Los negocios son los negocios.

 

Roatán, joya del Caribe hondureño, se presenta al mundo como un edén tropical, un destino idílico para turistas, así como una promesa de prosperidad; no obstante, bajo su superficie cristalina y sus playas de arena blanca, se oculta una realidad sombría y compleja, donde la violencia, la explotación y la impunidad se entrelazan de forma alarmante. Este artículo de opinión busca desvelar las capas de esta problemática, mostrando cómo la isla se ha convertido en un escenario donde la vida de sus habitantes, especialmente mujeres y comunidades originarias, se ve amenazada por intereses foráneos y la inacción de las autoridades, lo cual genera un profundo desequilibrio social.

 

La isla ha sido testigo de tragedias que revelan una profunda vulnerabilidad, como lo demuestra el triple feminicidio de French Harbour en 2024, donde Nikendra McCoy, María Antonia Cruz y Dione Solórzano perdieron la vida, un evento que no constituye un incidente aislado, lo cual refleja un patrón más amplio de violencia. La historia de Dione, quien regresó de Alaska con sueños de un futuro mejor para sus hijos, y la de sus amigas, unidas por lazos de amistad y aspiraciones de movilidad económica, se vio truncada por un acto de violencia extrema, lo cual dejó a sus familias en un estado de profunda consternación. La respuesta inicial de las fuerzas del orden, caracterizada por la demora y la minimización, subraya una falla sistémica que deja a las víctimas y sus familias en un desamparo desolador, mientras la fuga del principal sospechoso, un ciudadano extranjero, plantea serias interrogantes sobre la facilidad con la que ciertos individuos pueden eludir la justicia en la isla, lo que compromete la confianza en el sistema.

 

Este patrón de desprotección se extiende a otros casos de gran impacto, como la desaparición de Angie Peña en 2022, un suceso que, habiendo comenzado como una búsqueda de una joven en un accidente acuático, pronto reveló una red de tráfico de personas y explotación sexual que, según las investigaciones, operaba con la aquiescencia de las autoridades. La falta de resolución en este caso, junto con la sospecha de que Angie podría estar viva y siendo explotada, añade una dimensión de horror a la situación de la isla, lo que intensifica la preocupación por la seguridad de sus habitantes. La detención de Gary Lee Johnston, un ciudadano estadounidense con un historial de explotación infantil, en un resort de Roatán, expuso la presencia de redes internacionales que operan en la isla, aprovechando la debilidad de los controles y la vulnerabilidad de la población local, lo cual sugiere una operación coordinada donde la impunidad se convierte en un activo para quienes buscan lucrarse de la miseria ajena, lo que perpetúa un ciclo de abuso.

 

La situación se agrava considerablemente con la presencia de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs), como Próspera, las cuales, concebidas como motores de inversión y progreso, han generado un conflicto territorial con comunidades ancestrales, como la garífuna de Punta Gorda. La creación de Próspera, bajo un marco legal cuestionable y con vínculos con figuras políticas señaladas por actos ilícitos, ha llevado al despojo de tierras y a la violación de derechos fundamentales, lo que ha provocado un profundo malestar social. La expulsión violenta de miembros de la comunidad garífuna, y la posterior demanda millonaria de Próspera contra el estado hondureño por defender su soberanía, evidencian una asimetría de poder donde los intereses corporativos prevalecen sobre los derechos de los pueblos originarios, lo cual socava los principios de justicia y equidad. La autonomía jurídica de estas zonas crea un vacío legal que permite eludir la legislación nacional, privatizando funciones estatales y reduciendo las protecciones para la población no integrada en ellas, lo que genera un entorno de desregulación y desprotección.

 

La industria turística, si bien es un pilar económico para Roatán, también contribuye a esta compleja red de abusos, puesto que la dependencia de la imagen de un paraíso seguro genera presiones para minimizar cualquier incidente que pueda afectar su reputación. Esto se traduce en un sistema donde la protección estatal se distribuye de manera desigual, priorizando los casos que involucran a turistas como víctimas y minimizando aquellos que afectan a la población local, lo cual evidencia una doble moral en la aplicación de la justicia. La falta de investigaciones periodísticas profundas en los medios locales, a menudo dependientes de la publicidad del sector turístico, contribuye a este silencio cómplice, lo que impide una comprensión cabal de la realidad insular.

 

Las voces de las comunidades afectadas, como la garífuna, son fundamentales para comprender la profundidad de esta problemática, ya que su historia de exclusión y lucha por el territorio, que se remonta a siglos, se ve recrudecida por la expansión de proyectos como las ZEDEs. La violencia contra líderes comunitarios, incluyendo desapariciones no resueltas, silencia la denuncia y desarticula la organización, lo que debilita la capacidad de resistencia de estas poblaciones. Las mujeres jóvenes, por su parte, son objetos de explotación sistémica, con un patrón de desapariciones que revela una vulnerabilidad sistémica alimentada por la pobreza, la migración y la falta de protección, lo cual las expone a graves peligros. El testimonio de Ovania McCoy sobre niños vulnerables en las playas, abusados por turistas, conecta la violencia de género con la explotación infantil, mostrando una continuidad de estructuras de abuso que atraviesan edades y contextos, lo que demanda una atención urgente y coordinada.

 

 Roatán es un microcosmos donde se reflejan problemáticas globales de violencia, explotación y desigualdad, puesto que la interacción entre intereses económicos foráneos, la inacción de las autoridades y la vulnerabilidad de las comunidades locales crea un caldo de cultivo para la impunidad. Es imperativo que se reconozca la complejidad de esta situación y se implementen medidas que garanticen la protección de los derechos básicos, la justicia para las víctimas y la soberanía de Honduras sobre su territorio, ya que solo así Roatán podrá aspirar a ser verdaderamente el paraíso que promete ser, un lugar donde la dignidad y la seguridad de todos sus habitantes sean una realidad innegable.

Fuente:

• Triple feminicidio de French Harbour (2024)

Nikendra McCoy, María Antonia Cruz y Dione Solórzano

Contra Corriente

Criterio.hn

Ministerio Público de Honduras

 

• Caso Angie Peña (2022)

Contra Corriente

Múltiples medios hondureños

Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU

 

• Caso Gary Lee Johnston

Swissinfo

Associated Press

Ministerio Público de Honduras

 

• ZEDEs y conflicto con comunidad garífuna de Punta Gorda

Contra Corriente

El Libertador

Avispa Midia

Plataforma DTT