Hay países que parecen haber nacido bajo una maldición sutil, no la de la pobreza extrema ni la de la guerra abierta, más bien otra más insidiosa: la de la promesa incumplida. Honduras es uno de ellos. Desde 1880, cuando el presidente Marco Aurelio Soto decretó la separación formal entre la Iglesia y el Estado, se instaló en el imaginario nacional la idea de que éramos modernos, que caminábamos hacia el progreso racional, que dejábamos atrás el oscurantismo colonial para abrazar la luz de la ciencia y la razón. Más de un siglo después, quien habita este territorio no encuentra rastros de esa modernidad. Lo que encuentra es violencia, atraso, una élite que parece competir por ser la más funcionalmente ignorante de América Latina, y un Estado que existe en los papeles, pero no en la calle. Entonces surge la pregunta, no académica, más bien existencial: ¿para qué sirvió todo esto? ¿Qué sentido tiene seguir defendiendo el laicismo cuando el país que lo alberga no representa nada, no es sinónimo de nada, excepto de fracaso?

El laicismo hondureño fue, desde su origen, más un gesto que una transformación real. No surgió de un proceso social profundo de secularización, ni de una burguesía formada disputándole el poder al clero, tampoco de una ruptura revolucionaria que sustituyera la legitimidad divina por la soberanía popular. Fue, ante todo, un acto burocrático: un decreto presidencial en un país donde los decretos rara vez modifican las estructuras de fondo.

No se trató de una victoria de la sociedad sobre la Iglesia, fue una reconfiguración del poder dentro de la misma élite. La casta criolla, ya enquistada en el Estado, adoptó el laicismo no como proyecto emancipador, lo adoptó como signo de distinción y modernidad traída de fuera. Miraban a Europa, y en particular a Francia, no para transformar la realidad hondureña, lo hacían para legitimarse simbólicamente ante el mundo y ante sí mismos.

La Iglesia no fue desplazada por una nueva racionalidad social; simplemente dejó de ser el eje formal del discurso estatal cuando dejó de ser funcional. Cuando convino, se la apartó; cuando convino, se la volvió a convocar. El laicismo, así, no expresó una separación efectiva entre poder político y poder religioso; fue la expresión de la capacidad de la élite para usar ambos registros según convéniese la coyuntura de turno.

De este modo, el laicismo terminó reducido a un ornamento: una fachada institucional que no alteró las relaciones sociales ni democratizó el poder. No fue una nueva forma de ser hondureños, fue una etiqueta moderna superpuesta a un orden viejo. Un nombre refinado para designar una continuidad.

La Constitución de 1982, nacida de una Asamblea Nacional Constituyente que pretendía clausurar el ciclo militar, proclamó el carácter laico del Estado con una prolijidad casi excesiva. La educación fue declarada neutral en materia religiosa; se establecieron límites claros a la participación política del clero; se fijaron, sobre el papel, fronteras nítidas entre lo público y lo confesional. Todo quedó formulado con la fe, no deja de ser irónico, de quien cree que una norma escrita basta para ordenar la realidad.

Pero Honduras no es lo que enuncia su Constitución. Honduras es lo que ocurre a las tres de la mañana en una colonia de Tegucigalpa, cuando el narco cobra la extorsión y la policía no llega, no por ausencia del Estado, llega porque el Estado también cobra. Honduras es lo que ocurre cuando decisiones de salud pública quedan bloqueadas no por debate democrático, quedan bloqueadas por llamadas privadas, presiones morales y cálculos políticos. Honduras es lo que ocurre cuando una alta jerarquía religiosa interviene abiertamente en una crisis institucional, respalda una ruptura del orden constitucional y no enfrenta consecuencia alguna.

El problema no es la existencia de normas laicas, es su carácter decorativo. El Estado se declara neutral, pero actúa según le parezca en ese momento. La separación entre Iglesia y poder político no opera como principio fundamental, opera como un recurso selectivo: se invoca cuando sirve, se ignora cuando estorba. La legalidad queda así reducida a escenografía, mientras las decisiones reales se toman en otro lado, lejos del texto constitucional y aún más lejos de la soberanía popular.

El laicismo, en esta situación, no es una conquista, es una mentira piadosa. Una mentira que permite a ciertos sectores sentirse modernos sin serlo, progresistas sin progresar, cultos sin iluminar nada. La izquierda progresista, el mundo liberal, los círculos académicos defienden el laicismo con una pasión que resulta casi conmovedora por su parecido a la desesperación. Defienden el laicismo porque es la única batalla que pueden ganar sin tocar el poder real. Es más fácil denunciar que un cura mete las narices en política que enfrentar que el hermano del presidente es narcotraficante. Es más seguro exigir educación sexual integral que construir un sistema educativo público que funcione. El laicismo se convirtió en opio de los progresistas hondureños: les da la sensación de estar del lado correcto de la historia mientras el país se desangra a su alrededor.

Pero hay algo más profundo en esta defensa, algo que tal vez ni quienes la practican reconocen plenamente. El laicismo permite a la clase media urbana, profesional, con acceso a universidades privadas y viajes ocasionales al extranjero, distinguirse de las masas. Es un marcador de clase. Ser laico, en Honduras, no es necesariamente creer en la razón científica; es no ser como ellos, los pobres, los de provincia, los evangélicos de las colonias, los católicos devotos del interior. Es una forma de decir: yo pertenezco al mundo moderno, aunque viva en un país premoderno (inframundista en este caso). Es una identidad sustituta, una nacionalidad de segunda mano que se adquiere por consumo cultural más que por pertenencia efectiva a una sociedad racionalizada.

La élite económica hondureña, esa que algunos estudios describen como pobre incluso en su riqueza comparada con oligarquías centroamericanas más sofisticadas, es funcionalmente agnóstica. No les interesa el laicismo ni la religión; les interesa la concesión, la importación, el contrato estatal, la zona franca, el lavado de dinero. Son utilitaristas. Usan la Iglesia cuando necesitan legitimidad popular, usan el laicismo cuando necesitan financiamiento internacional. No tienen proyecto nacional porque nunca necesitaron tenerlo. Su poder no viene de la productividad ni de la innovación, viene de la proximidad al Estado, de la capacidad de capturar instituciones, de la habilidad para convertir lo público en privado. Son, en el fondo, los herederos de la encomienda, adaptados al siglo XXI pero mentalmente estancados. El laicismo les resulta indiferente, como les resulta indiferente la educación pública que no utilizan, la seguridad ciudadana que no necesitan porque tienen guardaespaldas, la salud pública que evitan porque pagan seguros privados.

El sistema político hondureño, ese que los manuales llaman democracia representativa y los hondureños sabemos que es otra cosa, ha incorporado el laicismo como parte de su maquinaria de simulación. Los partidos políticos, herederos del clientelismo del siglo XIX actualizado con técnicas del narcoestado, no tienen ideología. Los partidos actuales son estructuras para la distribución de empleos, la recaudación de cuotas, la compra de votos. El laicismo no altera esta forma de operar. Un estudio reciente detectó 276 patrones de corrupción en 70 instituciones durante la última década. No son anomalías; esto es el sistema. El clientelismo es autorregulado, institucionalizado, aprendido. Los empleados públicos pagan cuotas a sus partidos no por convicción, lo hacen porque es el precio del puesto. La política no es una deliberación; es al final una transacción. En esta situación, el laicismo es tan relevante como el color de las paredes de un edificio que se derrumba.

La defensa del laicismo adquiere entonces un carácter casi patético. Es como insistir en las buenas maneras en medio de una masacre. Es como preocuparse por la ortografía mientras arde la casa. Los defensores del laicismo en Honduras, y hay muchos, bien intencionados, educados, con citas de John Rawls o Jürgen Habermas en sus estanterías, parecen habitar una realidad paralela. Hablan de espacios públicos racionales, de deliberación democrática libre de dogmas, de ciudadanía secular, mientras afuera, en la calle real, la violencia es la única forma efectiva de resolución de conflictos, la única autoridad reconocida, el único lenguaje común.

Pero quizás lo más grave no es la hipocresía de quienes defienden el laicismo sin vivir sus consecuencias, es la sustitución que esta defensa implica. Al centrarse en el laicismo como horizonte de emancipación, se desvía la atención de lo que realmente necesitaría Honduras: un Estado que exista, que monopolice la violencia legítima, que imparta justicia, que eduque, que cure. Un Estado que no sea simplemente el botín de turno. El laicismo, en su versión hondureña, es una forma de fetichismo institucional: la creencia de que la forma determina el contenido, que al tener una Constitución que dice laico, entonces somos modernos, que, al prohibir a los curas en el Congreso, entonces tenemos separación de poderes.

La realidad es que Honduras no tiene separación de poderes. Tiene concentración de impunidad. Los militares hicieron golpe en 2009 y fraude en 2017, y no hubo consecuencias. La presidenta del momento llegó prometiendo refundación y reproduce las mismas prácticas de sus predecesores. La élite económica financia campañas y recibe concesiones. El narco penetra el Congreso, los tribunales, la policía. En este escenario, ¿qué importa si el Estado es laico o confesional? La violencia no discrimina por creencia. La pobreza no pregunta por convicciones. La corrupción no distingue entre creyentes y ateos.

Existen países donde la religión configura parte de su Estado, o incluso gran parte, son tecnológicamente, o mejor dicho, infinitamente, más desarrollados que Honduras. Pueden desarrollar cohetería, automóviles, drones, ciencia avanzada, industria nuclear… Honduras, en cambio, no puede fabricar ni una bicicleta. Es momento de que nos pongamos la mano en la conciencia y reflexionemos sobre qué significa ser laico en este país, porque en la práctica no se traduce en nada.

Existen Estados confesionales y aconfesionales que han alcanzado un desarrollo mucho mayor que el nuestro. Esto debería alertarnos, debería indignarnos. ¿Qué hacen nuestras élites? ¿Se siguen creyendo avanzadas porque gozan de una “libertad” copiada del Occidente colectivo? Entre los grandes logros de Honduras destacan que nuestras niñas tengan cuentas de OnlyFans, que nuestras mujeres deban valerse de cualquier recurso para sobrevivir, o que seamos el país de Centroamérica con mayor desaparición de niños. Estos son los logros de nuestro Estado laico.

Algunos dirán que, sin el laicismo, sería peor; que al menos contamos con un marco legal para defender ciertos derechos, que la educación laica protege espacios de resistencia. Es un argumento defensivo, minimalista, que reconoce implícitamente nuestra derrota. Sí, es mejor tener una Constitución laica que una teocracia. Pero esa no era la promesa.

La promesa era que el laicismo sería correlato del desarrollo, de la racionalización, de la salida del atraso. El hondureño, durante el siglo XIX, aspiraba a volverse Francia. Bueno, mi hermano, no llegamos ni a ser Uruguay, ni mucho menos Costa Rica. Esto nos debería dejar claro: una vez más queda demostrado que lo hondureño y la realidad son incompatibles.

La tragedia del laicismo hondureño es que nunca fue auténtico: solo fue una copia. Una copia de modelos europeos que nuestras élites admiraban de lejos, pero que no comprendían ni podían reproducir en su propia realidad. Requería un proceso de secularización social que jamás ocurrió, una burguesía formada que nunca existió, una revolución democrática que nunca llegó. Requería un Estado racional, burocrático, impersonal. Honduras, en cambio, tiene un Estado patrimonial: los cargos se compran o se heredan, la ley se pacta, y la soberanía popular es un artificio literario.

El laicismo hondureño, entonces, no es un logro; es un proyecto fallido. Un intento de modernidad recortado, pegado por fuera, que nunca logró arraigar. Y lo más curioso es que nuestras élites políticas no lo ven así: lo admiran como si fuera un traje nuevo, una insignia de distinción, sin darse cuenta de que sigue siendo solo eso: un vestido prestado que no encaja con la realidad que lo rodea.

Quienes seguimos en Honduras, quienes no hemos podido o no hemos querido irnos, vivimos esta contradicción cotidianamente. Vemos cómo el discurso laico se usa para financiamiento internacional, para reportes de organismos multilaterales, para discursos en universidades, mientras la vida real transcurre bajo otras formas de operar. Vemos cómo la defensa del laicismo se convierte en identidad de clase, en distinción cultural, en forma de decir nosotros contra ellos, sin que el nosotros construya nada colectivo, y sin que el ellos sea realmente comprendido.

El laicismo hondureño no ha servido para modernizar porque modernizar requería algo más que decretos constitucionales. Requería una transformación social profunda, una ruptura con las estructuras criollas, una construcción de ciudadanía que nunca se dio. Requería, en última instancia, que las élites del país quisieran ser algo más que extractores de renta, que la clase media quisiera ser algo más que consumidora de modernidad traída de fuera, que el Estado quisiera ser algo más que un aparato de distribución de prebendas.

Nada de eso ocurrió. Y entonces, el laicismo se quedó como es: una norma constitucional que algunos defienden con pasión creciente en proporción directa a su irrelevancia práctica. Una promesa de modernidad que se cumple en los seminarios académicos y se diluye en las calles. Una forma de sentirse del lado correcto de la historia mientras la historia, la nuestra, la de Honduras, transcurre en otra dirección, hacia ninguna parte, hacia la repetición del fracaso, hacia la emigración como única forma de futuro.

Defender el laicismo en Honduras es, al final, una forma de no rendirse. De aferrarse a la esperanza de que algún día, cuando el Estado funcione de verdad, cuando la educación cumpla su propósito, cuando la violencia deje de gobernar, entonces sí, el laicismo tendrá sentido. Pero esa esperanza exige ignorar, o al menos sobrevivir, la evidencia cotidiana: Honduras nunca fue una sociedad preparada para eso.

Es un país atrapado en una modernidad simulada. Copiamos formas occidentales, la constitución, la democracia, el laicismo, y las colocamos sobre contenidos premodernos: clientelismo, violencia privada, extracción oligárquica. La tensión entre lo formal y lo real nunca se resuelve; la promesa nunca se cumple. El laicismo, desde 1880, no ha sido más que un gesto refinado, un proyecto fallido, una ilusión que nuestras élites admiran como si funcionara, mientras el país sigue siendo lo que siempre ha sido: un lugar donde la modernidad occidental no llegó, no llega y, tal vez, nunca llegará.

Fuentes:

• Constitución de la República de Honduras (1982)

Artículos 77 y 102 sobre educación laica y separación Iglesia-Estado

• Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS-UNAH)

Análisis sobre disolución del Estado laico en Honduras

• Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ Honduras)

Estudio: 276 patrones de corrupción en 70 instituciones (2014-2024)

• InSight Crime

Análisis sobre sistema autorregulado de corrupción en Honduras

• Reverendo Jorge Joel Rodríguez

Declaración: Honduras como "Estado laico que no es laico"

• Cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga

Posicionamiento público durante el golpe de Estado de 2009

• Estudios académicos sobre élites centroamericanas

Descripción de élites hondureñas como "pobres en su riqueza"

• Análisis polítológico sobre clientelismo en Honduras

Sistema de cuotas partidarias y financiamiento político

• Investigaciones sobre captura del Estado

Penetración de redes cleptocráticas y narcotráfico en instituciones