Hay una confusión generalizada sobre qué constituye realmente el orden. Se nos ha hecho creer que la estabilidad proviene del comercio, de la suma aritmética de intereses privados, de la administración contable de los bienes materiales. Pero observamos a nuestro alrededor que donde reina este cálculo frío, donde el espíritu mercantil se erige como un soberano, allí precisamente se disuelven los lazos verdaderos, se corrompe la autoridad y se pudre el tejido moral de la comunidad. El burgués ha cometido el error fundamental de confundir su función legítima, que es grande cuando se limita a conservar, administrar y multiplicar la riqueza bajo una dirección superior, con el derecho al mando político. Cuando el administrador de bienes pretende convertirse en arquitecto del Estado, cuando el hombre de la contabilidad quiere gobernar el alma de la nación, no solo fracasa: arrastra consigo a la colectividad hacia la disolución.

 

La vida social no admite la aritmética simple. En los negocios privados, dos y tres hacen cinco; se suman capitales, se restan pérdidas, se proyectan ganancias dentro del trimestre venidero. Pero en la vida del Estado, en la construcción de la grandeza colectiva, dos y tres deben hacer seis, porque aquí operan los imponderables. El espíritu heroico multiplica lo que el espíritu mercantil solo sabe sumar. El primero calcula con valores invisibles, el honor, el sacrificio, la voluntad de trascendencia, que son el único capital verdadero de un pueblo. El segundo, encerrado en su función legítima pero estrecha, solo ve lo que se pesa, se mide y se cambia por dinero. No es que el trabajo de conservación y acumulación sea despreciable; es indispensable. Pero debe permanecer en su lugar, subordinado a una visión superior que trascienda el balance trimestral.

 

El mal profundo de nuestra época es la usurpación. El burgués, desde que logró colocar a sus delegados en los sillones del poder político, ha intentado organizar el Estado entero como si fuera una gran compañía comercial, una república ampliada de mercaderes. Ha querido aplicar a la justicia, a la defensa, a la educación, los mismos criterios que rigen su contabilidad doméstica. El resultado es la mediocridad generalizada, el gobierno de los empaquetadores de intereses inmediatos, la imposibilidad de los grandes diseños. El burgués, en su esencia, defiende la propiedad individual como fin último; pero la propiedad, aislada de sus obligaciones hacia la comunidad, se convierte en un ídolo estéril que desgarra el cuerpo social. Cuando el Estado se reduce a garantizar esta propiedad desnuda, sin exigirle a cambio servicio a la nación, cuando tolera toda licencia moral e intelectual con tal de que no se toquen los bienes materiales, entonces ese Estado ya no es la cabeza de la comunidad, sino su mayordomo corrupto.

 

Necesitamos reconocer que la nación no es una yuxtaposición de individuos atomizados, ni una asamblea de consumidores buscando el mejor precio. Es una organización de familias, de cuerpos profesionales, de funciones articuladas que requieren dirección. El liberalismo político ha creado instituciones diseñadas para impedir precisamente el surgimiento de la grandeza: el parlamentarismo electoral es, en su esencia, la coalición organizada de los mediocres contra los verdaderos jefes. Donde la elección popular se convierte en el único mecanismo de selección, el dinero compra la apariencia del mérito y el talento genuino queda excluido o prostituido. El resultado es un Estado que no puede ver más allá de la próxima fecha electoral, que negocia con el porvenir de la nación como si fuera una deuda a refinanciar, que cede parcelas del patrimonio colectivo con tal de mantener tranquila la bolsa de valores.

 

La revolución que necesitamos no es un cambio de administración, sino un cambio de naturaleza. Debemos sustituir el Estado liberal, mercantil y desintegrado por el Estado nacional, que no es la suma de intereses privados sino la encarnación de la voluntad colectiva dirigida hacia la grandeza. Este Estado descansa sobre valores heroicos, no porque busque la guerra, sino porque entiende que la paz misma es un bien conquistado por el sacrificio y defendido por la fuerza moral, no un contrato comercial entre calculadoras. En este orden nuevo, el burgués recupera su dignidad precisamente al perder su pretensión de mando político. Vuelve a ser lo que debe ser: un gran servidor del Tesoro nacional, un administrador probo que acumula riqueza no para el lujo egoísta sino como medio para las obras colectivas. Pero el mando supremo debe estar en manos de quienes representan la síntesis de todas las funciones, en quienes se encarna el interés total de la comunidad, por encima de las clases y los partidos.

 

La economía requiere una reorganización asentada en bases corporativas, entendidas como un orden de responsabilidades compartidas que, al reconocer la propiedad como uno de los pilares de la estabilidad familiar y de la acumulación de riqueza, la redefine como una tenencia cargada de deberes, en la medida en que quien posee, lejos de ejercer un dominio absoluto, asume compromisos concretos tanto con quienes participan en el trabajo como con la continuidad histórica de la nación y con la calidad de aquello que se produce. Las asociaciones profesionales, en tanto espacios de convergencia entre empleadores y trabajadores, operan bajo una disciplina común que orienta la producción hacia las necesidades nacionales, desplazando la primacía de la especulación y subordinando el interés particular a una finalidad colectiva más amplia. El Estado, al trazar las líneas generales y resguardar la equidad en los intercambios, asegura que la cultura, la ciencia y el arte dispongan de una independencia real, sostenida por la comunidad como proyecto compartido, liberándolas de la subordinación al mercado y de la dependencia de la beneficencia particular.

 

La grandeza de un pueblo se expresa a través de una medida distinta del consumo y del intercambio comercial, en la medida en que se manifiesta en la capacidad colectiva de superación, en la amplitud de los gestos compartidos y en la potencia de las obras que, al trascender a las generaciones presentes, inscriben una continuidad histórica. Cuando la vida común queda absorbida por la ganancia inmediata y el individuo se reduce al cálculo cuantitativo, con la consiguiente erosión del sacrificio y de la entrega, la nación inicia un proceso de decadencia que afecta su sentido profundo. De ahí la necesidad de restablecer una jerarquía auténtica, en la cual el impulso heroico, creador de valores no visibles pero decisivos, ocupa el rango principal, mientras que el impulso orientado a la conservación y al trabajo sostiene un segundo plano indispensable. A partir de esta disposición se hace posible la construcción de una civilización en la que el hombre ejerce dominio sobre su destino compartido y afirma su primacía frente a la posesión material.