Honduras es un país joven que se gobierna como si fuera viejo. Esa es la contradicción central, el hueso roto que atraviesa toda la política nacional. Mientras casi el 40% de la población ronda entre los 12 y los 30 años, más de tres millones de personas en edad de construir el futuro, las decisiones que determinan ese futuro las toman personas que crecieron en una Honduras que ya no existe. No es una metáfora. Es un hecho demográfico y político que explica gran parte del malestar social, la migración masiva y la desconfianza institucional que caracterizan al país.

 

La gerontocracia hondureña no es un vicio exclusivo de la presidencia. Es una enfermedad sistémica que infecta todos los niveles del Estado: el Congreso, la Corte Suprema, la Fiscalía, las alcaldías, los ministerios, las instituciones autónomas. En cada uno de estos espacios, la edad avanzada de quienes ostentan el poder no es una coincidencia, sino una estructura diseñada para perpetuarse. Y lo peor: está diseñada para excluir a quienes, en teoría, deberían ser los principales beneficiarios y protagonistas del proyecto nacional.

 

En enero de 2026, Honduras cambió de presidente. Xiomara Castro terminó su mandato y en su lugar llegó Nasry Asfura, un hombre de 67 años que ya había intentado el cargo en 2021 y que ahora, con el apoyo explícito de Donald Trump, ocupa la silla donde se sienta la historia del país. Nacido en 1958, Asfura es un político que construyó su carrera en la alcaldía de Tegucigalpa entre 2014 y 2022, y que ahora promete "trabajo, trabajo y más trabajo" a un país donde la mitad de la población tiene menos de la mitad de sus años.

 

La edad mínima para ser presidente en Honduras es de 31 años, según el Artículo 183 de la Ley Electoral. Pero en la práctica, nadie cercano a esa edad ha accedido al poder. La presidencia es un club cerrado donde se necesitan recursos económicos, redes clientelares y el respaldo de partidos políticos que funcionan como máquinas de distribución de favores intergeneracionales. Los jóvenes, especialmente en un país donde el 48% de la población vive en la pobreza, no tienen acceso a esas redes. La presidencia no es un premio al mérito; es una herencia que se transmite entre generaciones de políticos profesionales.

 

Asfura no rompió el patrón; lo confirmó. A sus 67 años, es apenas un año mayor que Xiomara Castro al asumir, y sigue la tradición de presidentes que llegan al poder con más de 50 años. Carlos Roberto Reina tenía 66 años cuando llegó en 1994. Ricardo Maduro Joest, 62 años en 2002. Porfirio Lobo Sosa, 62 años en 2010. Xiomara Castro, 62 años en 2022. Juan Orlando Hernández fue la excepción que confirma la regla: asumió con 45 años en 2014, pero su legado demostró que la gerontocracia no es solo de edad, sino de mentalidad. Hernández perpetró una reelección inconstitucional, consolidó un autoritarismo que los jóvenes rechazan, y hoy está libre gracias al indulto de Donald Trump, demostrando que un rostro joven en una estructura vieja no cambia el sistema; solo lo rejuvenece superficialmente.

 

El Congreso 2026-2030 fue celebrado como "más joven" porque la edad mediana de sus diputados es de 44 años. Pero seamos honestos: 44 años de mediana en un país donde casi cuatro de cada diez habitantes tienen entre 12 y 30 años no es una representación; es una burla. De los 128 diputados, solo tres pertenecen a la Generación Z, menores de 30 años. Eso representa el 2.3% del total. Los millennials, nacidos entre 1981 y 1996, suman 66 diputados, el 51.6%. La Generación X, con 45 a 60 años, aporta 46 diputados, el 35.9%. Y los baby boomers, con más de 60 años, siguen presentes con 13 diputados, el 10.2% del total.

 

El requisito mínimo para ser diputado es de 21 años, pero en la práctica, nadie cercano a esa edad accede al poder legislativo. El más longevo del Congreso actual es José Salomón Nazar, de 73 años, del Partido Liberal por Francisco Morazán. La diputada más joven, Jeniffer Díaz, de 25 años, representa a Libre-Yoro, pero es una excepción que confirma la regla. Un Congreso donde el 86% de sus miembros tienen 35 años o más no puede legislar sobre TikTok, educación digital, empleo juvenil o cambio climático con autoridad moral. Son personas que crecieron sin internet tomando decisiones sobre el futuro digital de un país joven.

 

El gobierno de Xiomara Castro no inventó la gerontocracia. La heredó, la absorbió, la replicó con la naturalidad de quien respira el aire viciado de una habitación sin ventilación. Pero no la rompió. Y eso es lo que duele. Prometió cambio, prometió refundación, prometió abrir las puertas a las nuevas generaciones. Y terminó haciendo lo que hacen todos los gobiernos hondureños: llenar los ministerios de rostros conocidos, de apellidos de siempre, de gente que ya estuvo y que vuelve porque el sistema no sabe producir sangre nueva.

 

Rodolfo Pastor de María y Campos, secretario de la Presidencia entre 2022 y 2024, es un político y diplomático de larga trayectoria, cercano a Manuel Zelaya desde 2005. Eduardo Enrique Reina, canciller hasta mayo de 2025, ya había sido viceministro, secretario privado y ministro de Comunicaciones con Zelaya entre 2006 y 2009. Rixi Moncada, ministra de Finanzas hasta enero de 2024, fue ministra de Trabajo y gerente de la ENEE en el mismo gobierno. Rebeca Patricia Santos, presidenta del Banco Central, fue ministra de Finanzas durante todo el mandato de Zelaya. José Manuel Zelaya, ministro de Defensa hasta agosto de 2024, es sobrino directo de Manuel Zelaya. Y Manuel Zelaya mismo, expresidente derrocado en 2009, es asesor presidencial y esposo de la presidenta Xiomara Castro.

 

El nepotismo es la forma familiar de la gerontocracia. Héctor Manuel Zelaya Castro, secretario privado de la presidenta, es hijo de Xiomara y Manuel Zelaya. La política hondureña no es una competencia de ideas; es una herencia familiar donde los mismos apellidos rotan entre sí durante décadas. No hay sangre nueva, solo recomposición de alianzas entre viejas camarillas que se reparten el Estado como si fuera una finca particular.

 

Ahora, con Asfura, el patrón se repite con otros apellidos. Luis Castro conduce la Secretaría Privada de la Presidencia, hombre de máxima confianza de Asfura desde su campaña de 2021. Emilio Hernández, abogado y notario con más de 10 años en la administración pública, asume Finanzas. Mireya Agüero, diplomática de carrera desde 1981, vuelve a Relaciones Exteriores después de haber estado ahí con Lobo y Hernández. Sulmy Ortez, con trayectoria en el CNE y el Instituto Nacional Penitenciario durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, ahora está en Gobernación. Es el mismo circo con diferentes payasos: los apellidos cambian, pero las edades y las estructuras mentales se mantienen.

 

Para ser magistrado de la Corte Suprema se requiere tener más de 35 años, ser abogado colegiado con diez años de ejercicio o cinco años como titular de órgano jurisdiccional, y cumplir un período de siete años, reelegibles. Esos requisitos, aparentemente técnicos, son una barrera diseñada para excluir a los jóvenes. Un abogado que se gradúa a los 25 años necesita mínimo diez años de ejercicio para aspirar a la CSJ. Eso significa que nadie menor de 35 años puede acceder, y en la práctica, con los requisitos de "reconocida trayectoria", los magistrados reales rondan los 50 a 60 años.

 

Los quince magistrados electos en febrero de 2023, Rebeca Lizette Ráquel Obando, Wagner Vallecillo Paredes, Luis Fernando Padilla Castellanos, Sonia Marlina Dubón Villeda, entre otros, provienen en su mayoría de cargos previos en el Tribunal Superior de Cuentas o el Tribunal de Justicia Electoral, instituciones igualmente gerontocráticas. Están juzgando sobre derechos digitales, privacidad de datos y delitos cibernéticos con mentalidad de la era del papel y la máquina de escribir.

 

Para ser fiscal general se requiere tener más de 35 años, ser abogado colegiado con diez años de ejercicio en la judicatura, la profesión o la docencia, y cumplir un mandato de cinco años, reelegibles una vez. Johel Antonio Zelaya, fiscal general electo por el Congreso en 2024, y Marcio Cabañas, adjunto, cumplen estos requisitos de antigüedad que sistemáticamente excluyen a las generaciones más jóvenes. La fiscalía que debería perseguir la corrupción de las nuevas generaciones políticas está dirigida por personas que crecieron profesionalmente bajo los códigos de la política de los ochenta. ¿Cómo se espera que persigan el crimen organizado moderno, la ciberdelincuencia o la corrupción digital con estructuras mentales analógicas?

 

Las elecciones municipales de 2025 confirmaron el dominio de la Generación X, con 45 a 60 años, en las alcaldías para el período 2026-2030. Aunque el requisito mínimo para ser alcalde es de 18 años, en la práctica las alcaldías son feudos de caciques locales que se perpetúan por décadas. Los jóvenes no tienen acceso a los recursos económicos y las redes clientelares necesarias para competir en elecciones municipales. La política local, lejos de ser un espacio de renovación, es un cementerio de elefantes donde los mismos apellidos y los mismos rostros se alternan en el poder generación tras generación.

 

Las instituciones autónomas están igualmente colonizadas por viejas estructuras. El Instituto Hondureño de Seguridad Social ha tenido una sucesión de directores sin relevancia generacional: José Gaspar Rodríguez, Carlos Aguilar, Yadira Álvarez interina. El Banco Nacional de Desarrollo Agrícola está dirigido por Erlyn Menjívar desde 2022. El Fondo Hondureño de Inversión Social por Octavio Pineda Paredes. El Tribunal Superior de Cuentas tuvo a José Juan Pineda Varela hasta 2024. Estas instituciones técnicas deberían ser gestionadas por profesionales con formación actualizada. En cambio, son botines políticos repartidos entre leales de viejas campañas.

 

La Secretaría de Juventud es el ejemplo más cínico de la gerontocracia. Aunque no se dispone de la edad exacta de Zulmit Rivera, ministra desde febrero de 2022, el hecho de que sea una secretaría de rango ministerial para "juventud" dentro de un gabinete dominado por personas de 50 a 70 años es una contradicción en sí misma. Es como poner a un abuelo a dirigir la discoteca: la estructura mental, el lenguaje, las prioridades y los métodos de trabajo son inherentemente incompatibles con la realidad de los jóvenes hondureños. La secretaría no representa a la juventud; la administra desde una distancia generacional abismal.

 

Un informe del PNUD sobre desarrollo humano en Honduras reveló cifras contundentes: el 72.7% de los jóvenes no confía en los partidos políticos, el 56.2% desconfía del Gobierno central y el 54.7% del Congreso Nacional. Esta desconfianza no es gratuita; nace de la percepción de que los actores políticos no representan sus intereses, una percepción reforzada por la brecha generacional en el liderazgo. Cuando los jóvenes perciben que no son tomados en cuenta y que el sistema no resuelve sus problemas, expresan indiferencia hacia el sistema de gobierno, sea democrático o no.

 

El 66.6% de los jóvenes dice que "merece la pena quedarse e intentar sacar adelante el país", pero esa esperanza se erosiona cuando la puerta del poder está cerrada con llave generacional. La gerontocracia no solo excluye; desmoviliza. Y cuando la desmovilización se convierte en desesperación, la salida es la migración. Los jóvenes hondureños no están huyendo solo de la pobreza o la violencia; están huyendo de un sistema político que les niega el derecho a imaginar y construir su propio futuro.

 

La gerontocracia hondureña no es solo un problema de edades; es un problema de desconexión epistémica. Hay 4 brechas que la hacen insostenible.

Primera, la desconexión tecnológica. Personas que no entienden TikTok regulan el uso de redes sociales. Personas que nunca han comprado en línea diseñan políticas de comercio electrónico. Personas que confunden un meme con una amenaza legislan sobre libertad de expresión digital.

 

Segunda, la desconexión laboral. Personas con pensión de por vida deciden sobre empleo juvenil. Personas que nunca han enviado un currículum por internet diseñan programas de capacitación laboral. Personas que creen que "buscar trabajo" sigue siendo ir de puerta en puerta con un folder de papeles.

 

Tercera, la desconexión migratoria. Personas que nunca han migrado deciden sobre política migratoria. Personas que nunca han cruzado una frontera ilegal negocian acuerdos de retorno de migrantes. Personas que no tienen familiares en el extranjero diseñan programas de protección a las remesas.

 

Cuarta, la desconexión educativa. Personas que estudiaron en universidades estatales de los setenta deciden sobre educación digital. Personas que nunca han tomado una clase en línea diseñan plataformas de educación a distancia. Personas que creen que la educación de calidad se mide por la cantidad de edificios construidos, no por la calidad de la conectividad.

 

La gerontocracia hondureña no se curará con buenas intenciones. Requiere cambios estructurales, legales y culturales que no dependan de la voluntad de quienes hoy se benefician del sistema. Aquí van algunas propuestas realistas, no utópicas, pero también no resignadas.

 

Primera, cuotas de participación juvenil en cargos electivos. El marco jurídico hondureño no prevé ninguna cuota para garantizar representación juvenil. La Ley Electoral de 2021 menciona "promover la participación de la juventud" como principio, pero sin mecanismos obligatorios. Se debe establecer un mínimo del 20% de candidaturas juveniles, menores de 35 años, en las listas de diputados y concejos municipales, con financiamiento público preferencial para quienes cumplan el requisito. No es discriminación positiva; es corrección de una desigualdad estructural.

 

Segunda, reducción de la edad mínima para cargos de elección popular. La edad mínima para presidente debe bajar de 31 a 25 años. La de diputado, de 21 a 18 años. La de alcalde se mantendría en 18 años, edad en la que ya se puede trabajar, pagar impuestos y ser juzgado como adulto, por lo que también tiene capacidad para decidir sobre la administración de su municipio. Los argumentos sobre "inmadurez" son pretextos de quienes temen perder el monopolio del poder.

 

Tercera, límites de edad para cargos de designación. Para magistrados de la CSJ, fiscales, contralores y directores de instituciones autónomas, se debe establecer una edad máxima de 70 años al momento de la designación, y un límite de un solo período renovable. La reelección indefinida en el poder judicial y en entes técnicos ha convertido a esas instituciones en refugios de políticos retirados.

 

Cuarta, presupuesto participativo juvenil. Al menos el 5% del presupuesto nacional de inversión social debe ser asignado mediante consultas directas a personas de 15 a 30 años, con mecanismos de rendición de cuentas específicos. No es suficiente tener una Secretaría de Juventud; los jóvenes deben decidir directamente sobre una porción del presupuesto.

Quinta, reforma del sistema de partidos políticos. Los partidos hondureños funcionan como clubes cerrados de familias políticas. Se debe establecer que al menos el 30% de las dirigencias partidarias, a nivel nacional, departamental y municipal, esté conformado por personas menores de 35 años. Los jóvenes no pueden seguir siendo "ala juvenil" de partidos dirigidos por sexagenarios; deben ser dirigentes con voz y voto.

 

Sexta, eliminación de requisitos de antigüedad abusivos. Los diez años de ejercicio profesional para ser magistrado o fiscal son una barrera generacional disfrazada de mérito. Se debe reducir a cinco años, con evaluación de competencias técnicas y éticas, no de "trayectoria" entendida como años de sobrevivencia en el sistema.

Séptima, parlamento juvenil con poder vinculante. No una simulación, sino un cuerpo de 50 jóvenes, elegidos por sus pares, no designados por partidos, con facultad de veto sobre legislación que afecte directamente a la juventud: educación, empleo, migración, seguridad, tecnología. El veto sería suspensivo, no absoluto, pero obligaría al Congreso a reconsiderar.

Octava, límite de reelección en alcaldías. Las alcaldías son los feudos más gerontocráticos del sistema. Se debe limitar a dos períodos consecutivos, con prohibición de alternancia entre familiares directos. Un alcalde no puede ser sucedido por su hijo, su esposa o su hermano. La denominada democracia hondureña no es una herencia.

 

Honduras no puede permitirse seguir siendo gobernada por personas que no vivirán las consecuencias de sus decisiones. La gerontocracia no es solo injusta; es suicida. Un país joven gobernado por viejos es un país que se prepara para un futuro que no será suyo. Las decisiones sobre educación, tecnología, empleo, cambio climático y migración deben ser tomadas por quienes las vivirán, no por quienes las heredarán a la posteridad como un legado de errores.

 

La crítica central no es que los gobernantes sean "viejos" en sí mismos. Es que un sistema que sistemáticamente excluye a quienes representan el presente y el futuro del país está condenado a repetir los errores del pasado. Y Honduras, con seis golpes de Estado en su historia, no puede permitirse seguir repitiendo errores.

 

La gerontocracia es el poder sin responsabilidad, la autoridad sin empatía, el gobierno sin representación. Es la definición más pura de una democracia fallida: un sistema donde la mayoría de la población está excluida de las decisiones que más la afectan. Y mientras esa exclusión persista, los jóvenes hondureños seguirán haciendo lo único que les queda: irse. No porque no amen a su país, sino porque su país les ha demostrado, una y otra vez, que no les pertenece.

Fuente:

• "Nasry Asfura", CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs).
• "Nasry Asfura asume como nuevo presidente de Honduras", El Día (República Dominicana).
• "Nasry 'Tito' Asfura asume como nuevo presidente de Honduras", El Heraldo (Honduras).
• "De la gestión municipal a la Presidencia: el recorrido político de Nasry Asfura", Tiempo (Honduras).
• "Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, pese a denuncias de corrupción, fraude e injerencia", Radio Progreso / ERICS.
• "El conservador Nasry Asfura, nuevo presidente de Honduras por el que Trump pidió el voto", Vivir Ediciones.
• "Congreso Nacional 2026-2030: Así queda conformado por edades y género", La Prensa (Honduras).
• "Gabinete de Honduras", Wikipedia.
• "Listado de los ministros que integran el gabinete de Nasry Asfura", Radio HRN.
• "Gabinete de Nasry Asfura 2026-2030 en Honduras: ministros confirmados", ICN Digital.
• "Corte Suprema de Justicia de Honduras", Wikipedia.
• "Fiscalía General del Estado de Honduras", Wikipedia.
• "Juventud y cohesión social en Honduras", PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo).
• "Alcaldes electos 2026-2030: Generación X dominará las alcaldías", La Prensa (Honduras).
• "Historia de Honduras", Wikipedia.
• "Anexo:Presidentes de Honduras", Wikipedia.
• "Juan Orlando Hernández", Wikipedia (referencias sobre condena e indulto).